San José (EFE).- La politóloga Laura Fernández, de 39 años, asumió este viernes como presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030, prometiendo una gestión de mano dura contra el crimen organizado, la modernización radical del Estado y la continuidad del legado de Rodrigo Chaves.
Tras triunfar contundentemente en primera ronda el pasado 1 de febrero, Fernández se convierte en la segunda mujer en alcanzar la Presidencia de Costa Rica, destacando como una figura clave en una de las democracias más estables de América Latina.
Presentada durante la campaña como la heredera política del presidente saliente, Fernández ratificó su compromiso con el modelo de Gobierno de Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia y Planificación.
Los planes de seguridad de Laura Fernández: ¿El modelo Bukele en Costa Rica?
La nueva mandataria ha generado gran expectativa al nombrar a Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia, un movimiento estratégico que la oposición cuestiona como una fuerte centralización del poder.
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Definiéndose como liberal en lo económico y conservadora en lo social, su prioridad es la seguridad nacional. Entre sus promesas destaca la construcción de una megacárcel para 5.000 reclusos, inspirada en las tácticas de Nayib Bukele, además de evaluar la suspensión de garantías individuales en zonas críticas para combatir el auge de la criminalidad.
La presidenta también ha reafirmado su compromiso con megaproyectos de infraestructura, incluyendo Ciudad Gobierno, la modernización de puertos, aeropuertos y el desarrollo de una marina en el Caribe.
Hacia la tercera república: ¿Se viene una reforma constitucional?
Fernández ha convocado a un cambio profundo para fundar la tercera república, respaldada por una sólida mayoría de 31 diputados. Su ambición es transformar el Poder Judicial, institución a la que señala como responsable de la inseguridad y del blindaje de la clase política tradicional.
El Partido Pueblo Soberano, con figuras clave como Pilar Cisneros y Nogui Acosta, ha puesto sobre la mesa un tema polémico: una reforma constitucional que habilitaría la reelección presidencial consecutiva, desafiando las normas actuales que exigen un periodo de espera para volver al poder.
