Por Verónica Paz Arauco
En 2025, la fortuna de los superricos en el mundo se disparó tres veces más rápido que el promedio del último lustro, alcanzando una cifra récord de 18,3 billones de dólares a nivel global. Este crecimiento explosivo coincide, paradójicamente, con un planeta donde casi la mitad de la población sobrevive con menos de 8,3 dólares al día y millones enfrentan una grave crisis alimentaria. La acumulación brutal de riqueza es la alarmante realidad que revela el reciente informe de Oxfam, “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos.
El reporte advierte que la concentración de capital en la última década ha llegado a niveles extremos; el número de milmillonarios superó los 3,000 por primera vez el año pasado. Esta acumulación sin precedentes define la actual etapa como la «era de los milmillonarios», un escenario donde el poder económico se expande sin control, mientras la igualdad de derechos parece una ilusión. El conflicto ya no es solo ético, sino vital: ¿pueden las democracias sobrevivir cuando una élite intocable utiliza su dinero para manipular elecciones, capturar decisiones políticas o financiar agendas privadas?
Este vínculo entre dinero y política tiene su base en la visión de la filósofa Ingrid Robeyns, quien alerta que la libertad política es inviable en un sistema de riqueza ilimitada. A partir de cierto umbral, la fortuna privada se vuelve moralmente injustificable y un peligro para el sistema. En este contexto, las democracias se vuelven decorativas, pues el poder real se transfiere a élites que no rinden cuentas, permitiendo que la acumulación desmedida erosione el bienestar de la mayoría social.
América Latina es el epicentro de esta brecha. Según Oxfam, el patrimonio de los superricos en la región creció 16 veces más rápido que la economía general el año pasado. Apenas 109 personas acumulan 622 mil millones de dólares, una fortuna equivalente al PIB combinado de Chile y Perú. Desde el 2000, esta riqueza subió un 443%, confirmando una tendencia estructural de desigualdad. ¿Por qué esta brecha es una amenaza real?
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La respuesta está en el impacto social: mientras unos pocos acumulan todo, 162 millones de personas viven atrapadas en la pobreza en la región más desigual del planeta. La falta de recursos para salud, educación y protección social no es accidental; es el resultado de políticas de austeridad y endeudamiento que los Estados aplican ante el déficit, ignorando alternativas de justicia fiscal.
La injusticia es evidente. Los sistemas tributarios en América Latina protegen los privilegios de los más ricos mientras castigan el consumo de las mayorías. Los datos son contundentes: mientras el 50% más pobre destina el 45% de sus ingresos a impuestos, el 1% más rico aporta menos del 20%. Esto deja a los Estados sin fuerza para redistribuir la riqueza de forma efectiva.
Además, desmintiendo el mito de la meritocracia, en nuestra región más de la mitad de las grandes fortunas son heredadas, superando la media global. La desigualdad no es una foto del momento, sino una estructura que se transmite por linaje. ¿Qué factores perpetúan este dominio?
El informe destaca una conexión peligrosa: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que cualquier ciudadano común. En América Latina, 16 presidentes en 11 países saltaron de la dirección de grandes corporaciones al poder ejecutivo. No es casualidad; es un síntoma de captura estatal. El 65% del patrimonio de estos magnates está en sectores estratégicos como finanzas, energía y telecomunicaciones, áreas que dependen directamente de regulaciones del Estado. Cuando el mercado domina al Estado, el interés público desaparece.
Finalmente, este auge de las oligarquías es un fenómeno global que debilita las instituciones. El caso de Estados Unidos, con leyes a medida de los superricos y el fin de las regulaciones antimonopolio, demuestra cómo se secuestran las políticas públicas. Si las decisiones responden a intereses de unos pocos, la democracia pierde su esencia. Por ello, casi la mitad de la población mundial cree que el dinero compra las elecciones. La riqueza extrema es, por definición, incompatible con una democracia sólida.
El rumbo puede cambiar con decisiones políticas valientes: aplicar impuestos a la riqueza del 1%, gravar herencias millonarias, limitar la influencia de las élites en los medios y proteger la participación ciudadana. La elección es crítica: o las democracias recuperan el control sobre el poder económico, o se convierten definitivamente en sistemas controlados por una minoría privilegiada.
No solo se trata de economía, sino de soberanía. En este dilema se define el futuro de América Latina y la estabilidad del orden mundial en los próximos años.
