Por Inés Amézaga Feijoo
Hay un fenómeno viral que circula desde hace semanas en redes sociales: un nuevo orden mundial dividido en tres grandes bloques de poder encabezados por China, Rusia y Estados Unidos que resume con crudeza una crisis geopolítica cada vez más real: que las relaciones internacionales ya no se basan en el derecho internacional o en consensos globales sino que están sometidas a la tiranía de líderes autoritarios cada vez menos dispuestos a rendir cuentas, y que las decisiones estratégicas se toman cada vez más lejos de los mecanismos de control democrático. Ante este colapso institucional cabe preguntarse: ¿cómo deben resistir las democracias cuando el mundo se fragmenta sin ellas?
La normalización de este nuevo tablero internacional tiene un impacto directo y crítico sobre la estabilidad democrática. Incluso las democracias más consolidadas en América Latina y Europa sufren el auge de caudillos populistas que encuentran legitimidad en un entorno global cada vez más tolerante con el absolutismo y la erosión institucional. Abundan discursos radicales que reniegan de la separación de poderes, cuestionan el valor de los derechos humanos o presentan los frenos democráticos como obstáculos a la seguridad nacional o el crecimiento económico. Este desplazamiento reduce el margen de libertad política, al imponer lógicas de control en las que gobernar con límites aparece como una debilidad frente a quienes prometen eficacia sin democracia.
Cuando estas narrativas totalitarias se asumen a escala global, también se expande el riesgo de su reproducción en el ámbito interno, debilitando la soberanía de los países para defender las libertades civiles. Las democracias se enfrentan así al desafío urgente de ofrecer alternativas potentes antes de que estas derivas autoritarias se consoliden como opciones electorales ganadoras con un respaldo geopolítico del que antes carecían.
En este escenario de incertidumbre marcado por la imposición y la autocracia, distintos gobiernos y organismos internacionales de estas dos regiones ya han comenzado a ejecutar respuestas. El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, celebrado recientemente en la Ciudad de Panamá, reflejó ese esfuerzo por recuperar la unidad regional ante injerencias externas que amenazan la estabilidad económica. En la misma línea, el renovado impulso a la alianza estratégica entre la Unión Europea y Mercosur, así como el histórico acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea e India, apuntan a blindar la soberanía y ampliar márgenes de maniobra ante la agresiva guerra comercial del gobierno de Trump.
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“Geometría variable”, fue el concepto clave utilizado por el Primer Ministro canadiense en Davos para referirse a esta contraofensiva de medianas potencias para forjar alianzas estratégicas basadas en sus intereses colectivos. Más allá de la supervivencia comercial, estas iniciativas expresan la necesidad vital de protegerse en un contexto de caos global donde se perfila que el poder opera sin reglas democráticas más allá de la ley del más fuerte.
Sin embargo, las democracias no solo pueden reaccionar a nivel institucional para blindarse ante ataques autoritarios. Ante la percepción de que la libertad está siendo agredida, la movilización ciudadana surge como una resistencia democrática que tiene como ventaja el impacto inmediato y la capacidad de marcar límites infranqueables al poder.
En Brasil en 2022 y Guatemala en 2023 la ciudadanía se rebeló para defender el resultado electoral frente a intentos de golpe de Estado. En Argentina la sociedad se movilizó contra la Ley de Bases en 2024 promovida por el gobierno de Milei y se manifestó en México en 2025 contra la reforma del poder judicial. En enero de este año, miles de personas salieron a las calles en Nuuk y Copenhague para rechazar la pretensión de Trump de anexar Groenlandia por la fuerza, defendiendo así el principio de autodeterminación. Y es que en un contexto internacional cada vez más hostil, la ciudadanía activa está capacitada y dispuesta a luchar cuando percibe que los derechos civiles están en peligro y estos últimos años son la prueba de ello.
Cuando el mundo se reorganiza bajo lógicas dictatoriales, las democracias deben defenderse de manera unificada y con todas las herramientas de resistencia a su alcance. Se trata de la capacidad de sostener una defensa democrática inquebrantable frente a presiones extremas que tienden a retroalimentarse. Esa defensa exige una acción coordinada que combine instituciones fuertes capaces de cooperar y establecer límites claros contando con una sociedad civil vigilante y dispuesta a frenar cualquier episodio de erosión democrática.
Cuando estas dos dimensiones no conectan, cuando las instituciones actúan sin respaldo popular o cuando la movilización carece de soporte legal, el autoritarismo avanza sin obstáculos. América Latina y Europa tienen hoy la oportunidad histórica de construir un frente común desde el cual ofrecer una alternativa democrática sólida frente al abismo que supone el nuevo mapa de la autocracia mundial.
Inés Amézaga Feijoo es doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Red de Politólogas y del proyecto de investigación «Cambios dentro de las democracias: retrocesos, resistencias y resiliencias» de la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en Política Comparada en London School of Economics and Political Science.
