Cuando un ciudadano con un trastorno mental comete un crimen atroz como un homicidio, que involucra violencia y traumas contra terceros, la ley establece que el juez debe remitirlo a la unidad de psiquiatría forense para su evaluación legal.
En dicho centro, especialistas en psicología, neurología y psiquiatría realizan un peritaje para determinar si el imputado sufrió un brote psicótico al momento del hecho de sangre. Sobre este polémico tema se pronunció el doctor José Miguel Gómez Montero, reconocido psiquiatra y asesor de salud mental del Poder Ejecutivo en República Dominicana.
El debate surge tras la controversial decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cuyo juez dictó un auto de no ha lugar a favor de Jean Andrés Pumarol Fernández. El joven de 30 años fue acusado por el brutal ataque con arma blanca en el ensanche Naco, tragedia donde una mujer perdió la vida y otras cinco personas resultaron heridas. Se confirmó que Pumarol estaba bajo medicación por esquizofrenia.
La orden judicial envía al procesado a la unidad de psiquiatría forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En esta institución, los profesionales deben certificar si el agresor actuó durante una crisis o si tenía plena conciencia de sus actos, explicó el experto. Se analiza si el paciente podía medir las consecuencias de sus hechos. Si se determina que estaba psicótico, con delirios o alucinaciones, el sistema penal lo traslada a una unidad de salud mental especializada dentro del sistema penitenciario dominicano, afirmó el especialista.
En todo el país, tras conocerse el fallo judicial, diversas figuras públicas han reaccionado con indignación. La periodista Marien Aristy Capitán denunció en su columna que la justicia dominicana no es igualitaria, citando casos de otros ciudadanos con esquizofrenia que permanecen recluidos en cárceles comunes.
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Para el profesional de la salud mental, una vez concluido el peritaje médico, los resultados se someten formalmente a la autoridad judicial correspondiente.
A partir de este dictamen, el juez ordena el internamiento del paciente para recibir terapia y fármacos especializados. Se define legalmente si la persona estaba sana o en estado de psicosis al delinquir. Si padece una enfermedad mental crónica, se le garantiza seguimiento médico y acompañamiento terapéutico bajo custodia del sistema penitenciario, insistió el doctor Gómez.
Esta semana, familiares de las víctimas de la tragedia en Naco y personalidades dominicanas levantaron su voz de protesta contra la decisión del juez. El clamor social exige justicia transparente y que la ley se aplique con igualdad para todos los sectores de la sociedad.
