La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lanzó una alerta crítica sobre la vulnerabilidad de la infraestructura digital en el Caribe, advirtiendo que fallas graves podrían colapsar la economía regional y el funcionamiento de los Gobiernos. Ante este riesgo, propuso la creación de embajadas de datos para blindar la información estratégica frente a huracanes, ciberataques y caídas masivas de conectividad.
Este diagnóstico surge del informe Embajadas de Datos: resiliencia digital en el Caribe, desarrollado por Tyra Greene y Dimitris Herácleo, y presentado oficialmente como una hoja de ruta para la seguridad tecnológica regional.
En la presentación, Sebastián Rovira detalló que estas embajadas de datos operan bajo acuerdos diplomáticos para que un país almacene sus activos digitales en servidores internacionales seguros, manteniendo su soberanía legal. Esto garantiza que, si un desastre natural o hackeo tumba los sistemas locales, el Estado pueda seguir operando sin interrupciones.
El reporte revela una realidad preocupante: menos de la mitad de las naciones del Caricom tienen centros de datos de alta seguridad, y solo Jamaica cuenta con respaldo certificado ante desastres. Además, la falta de rutas alternas en los cables submarinos pone a la región al borde de un aislamiento digital total.
El estudio cita tragedias previas: en 2010, Haití quedó incomunicado por falta de redes redundantes, y en 2017 el huracán María borró el 90% de las telecomunicaciones en Dominica. También resalta el caso de Costa Rica, donde un secuestro de datos (ransomware) generó pérdidas de US$30 millones diarios y paralizó 30 instituciones estatales.
Como solución, se proponen modelos exitosos de Estonia y Luxemburgo, sugiriendo una estrategia que incluya la regla 3-2-1 de respaldo, tecnología satelital (Fibra-LEO-Edge), y el desarrollo de una nube regional con centros de ciberseguridad compartidos.
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Para la Cepal, proteger los datos en los Estados del Caribe ya no es un lujo tecnológico, sino una infraestructura crítica obligatoria para salvar la soberanía y asegurar la supervivencia del Estado ante las crecientes amenazas digitales y climáticas.
