El presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha generado consenso entre legisladores del oficialismo y de la oposición, quienes coinciden en que es imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias en este caso.
Tras varios meses de denuncias sobre el déficit creciente en la aseguradora estatal, diversos medios de comunicación revelaron la existencia de una presunta red de corrupción y contratos irregulares que habría sustraído miles de millones de pesos del sistema.
Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) condenaron los hechos, aunque insistieron en la necesidad de permitir que las investigaciones avancen antes de emitir juicios definitivos.
El senador y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, fue enfático al afirmar que, de comprobarse las irregularidades, se debe aplicar un régimen de consecuencias. «Que caiga todo el peso de la ley, más en salud, a los que son culpables de haber sacado estos recursos», añadió.
Rivera indicó que esta situación representa una oportunidad para valorar la propuesta contemplada en la reforma a la seguridad social sobre la implementación del «expediente único de afiliado«, con el fin de vigilar y registrar todos los procesos de salud públicos y privados.
La senadora Lía Díaz, presidenta de la Comisión Permanente de Salud Pública de la Cámara Alta, subrayó la necesidad de esperar los resultados de los organismos competentes: «Tenemos que esperar que los organismos competentes e investigativos nos den el informe que se requiere».
En esa misma línea, el senador por Bahoruco, Guillermo Lama, consideró que, aunque las denuncias son preocupantes, se debe respetar el curso de las indagaciones oficiales.
La oposición arremete contra el escándalo
La diputada de la Fuerza del Pueblo, Selinée Méndez, expresó indignación y cuestionó las declaraciones recientes del presidente Luis Abinader, quien semanas atrás aseguró que no había problemas en Senasa y, en su encuentro semanal con la prensa de este lunes, afirmó que la Procuraduría General ya había iniciado la investigación.
«Yo le sugiero a usted (al presidente) que deje eso de LA Semanal, para que no nos esté hablando mentira a este pueblo… como siempre digo, nadie se sienta en una silla de esa categoría para hacer un mal gobierno, nadie tiene por objetivo ´yo voy a ser el peor presidente de la República Dominicana´, eso no es cierto. Pero, presidente, usted no se deja ayudar», manifestó.
El senador de La Romana, Eduard Espiritusanto, también dirigente de la Fuerza del Pueblo, consideró que el caso constituye una «vergüenza» para el Estado y debe ser investigado a fondo.
«Nosotros entendemos que es una vergüenza más para el país como se manejan algunas instituciones del Estado. Yo creo que los organismos y los departamentos correspondientes deben profundizar y analizar ese caso de Senasa. Ya la bomba había explotado», dijo.
El caso
Una red de corrupción y contratos irregulares ha puesto al Seguro Nacional de Salud (Senasa) en una crisis financiera sin precedentes, con un déficit creciente y servicios cada vez más deficientes para millones de afiliados.
Investigaciones oficiales y reportajes periodísticos coinciden en que, durante al menos cuatro años, se desarrolló un esquema fraudulento que drenó recursos y debilitó la gobernanza de la principal aseguradora pública.
El programa de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, utilizando identidades reales de afiliados. Para dar apariencia de legalidad se empleaba un «call center paralelo«, operado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones.
De manera paralela, un reportaje de Nuria Piera examinó un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL, parte del Grupo Read, para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.
Bajo esa modalidad, adicionada al contrato original durante la actual administración, Senasa pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales —780 millones al año— sin importar si los pacientes recibían atención o no, en un acuerdo sin mecanismos claros de fiscalización.
El presidente Luis Abinader, en su encuentro semanal con la prensa, recordó que desde noviembre de 2024 había ordenado una investigación sobre Senasa. Reiteró que toda persona culpable de malversar fondos públicos será sancionada con rigor.
Además del proceso en manos del Ministerio Público, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y la Cámara de Cuentas realizan auditorías sobre el manejo de recursos en la institución.
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