¿Cumplió su tiempo? El plazo máximo de dos años establecido por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 590-16, para que el director de la institución lidere el cuerpo del orden ya caducó para el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien sobrepasó el límite legal por tres meses.
A pesar de que exjefes policiales como Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte también superaron los 24 meses que dicta la normativa, diversos juristas dominicanos aseguran que la ley es de cumplimiento obligatorio y no una simple opción para el Poder Ejecutivo.
Bautista Almonte fue nombrado por el presidente Danilo Medina en 2017 bajo la vigencia de la Ley 590-16, permaneciendo tres años hasta que Luis Abinader designó a Edward Sánchez González en 2020.
Luego, Eduardo Alberto Then asumió el mando el 17 de octubre de 2021 y, aunque su gestión también se extendió, el exceso fue de casi un mes.
El abogado Joaquín Bocio advierte que el respeto a la ley no debe flaquear por intereses políticos, señalando que cuando la normativa se flexibiliza ante el poder, se debilita el Estado de derecho en República Dominicana.
Por su parte, el reconocido jurista Julio Cury recalca que la ley es imperativa y que, técnicamente, al vencerse el plazo, la legitimidad en el cargo entra en un terreno gris.
Sin embargo, Cury aclara que por el principio de continuidad de los servicios públicos, el director no puede dejar el despacho vacío hasta que el presidente Luis Abinader emita un nuevo decreto de sustitución.
Antes de comandar la Policía Nacional desde el 14 de noviembre de 2023 vía el Decreto 557-23, Ramón Antonio Guzmán Peralta dirigió la Digesett desde el inicio del gobierno del PRM el 16 de agosto de 2020.
¿Son válidas sus órdenes?
El jurista Carlos Salcedo aclara que este plazo no funciona como una guillotina inmediata y que la remoción de jefes policiales es una facultad exclusiva del mandatario dominicano.
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Explica que mientras no exista un nuevo decreto, prevalece la estabilidad institucional para evitar un vacío de mando en la seguridad ciudadana.
- En ese sentido, Salcedo afirma que los actos y decisiones de Guzmán Peralta en la Policía Nacional siguen siendo legítimos legalmente.
Esta postura es respaldada por Manuel de Jesús Pérez Sánchez, exjefe de la Policía, quien indica que Guzmán Peralta tiene el deber de seguir al frente hasta ser relevado formalmente.
Incluso puntualizó que no existe una sanción penal contra el presidente Abinader por no realizar el cambio justo a los dos años, tal como indica la Ley 590-16.
Cualquier impugnación a sus decisiones administrativas tendría que ser ventilada en el Tribunal Superior Administrativo para cuestionar su validez, según concluyó Pérez Sánchez.
