La Junta Central Electoral (JCE) aprobó una polémica resolución que prohíbe la publicación y difusión de encuestas electorales fuera del periodo de precampaña y campaña en República Dominicana. La medida impone sanciones drásticas y nuevas reglas de juego para las empresas encuestadoras.
La normativa, vigente desde el 22 de mayo, advierte que las encuestadoras que publiquen estudios antes de tiempo podrían enfrentar desde suspensiones temporales hasta la cancelación definitiva de su registro por reincidencia.
La resolución también pone freno a los partidos y líderes políticos, impidiendo la divulgación de encuestas internas realizadas fuera del periodo oficial autorizado.
El reglamento exige ahora que cada firma esté inscrita en la JCE y detalle la ficha técnica completa: tamaño de la muestra, margen de error, metodología y preguntas, garantizando mayor transparencia en los datos.
Polémica legal y constitucional en RD
La medida también controla las encuestas a boca de urna o exit polls, cuyos resultados serán restringidos hasta horas después del cierre de las votaciones.
Esto ha desatado un fuerte debate jurídico sobre las facultades reglamentarias de la JCE frente a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Distintos analistas políticos advierten que las encuestas son información de interés público, pues miden el sentir y las preferencias del electorado dominicano.
El principal cuestionamiento legal es la prohibición absoluta de publicar estudios antes de la precampaña.
Abogados expertos señalan que es cuestionable que un reglamento administrativo limite la difusión de información política, considerando que la Ley 20-23 no establece restricciones tan radicales.
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El conflicto legal se centra en la proporcionalidad, la libertad de prensa y el derecho fundamental a informar y ser informado.
La medida preocupa a medios de comunicación, universidades y centros de estudios, ya que el reglamento podría generar un efecto mordaza sobre el debate político y la transparencia electoral.
La postura de la JCE
La JCE justifica la resolución en su rol de garantizar la equidad electoral y combatir la campaña a destiempo. Argumentan que la publicación prematura de números genera ventajas injustas y desequilibra la contienda.
Sin embargo, el alcance de estas sanciones apunta a una batalla legal en el Tribunal Constitucional, donde se definirá el límite entre el orden electoral y la defensa de las libertades ciudadanas.
