El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) dictó ayer una normativa histórica que frenará el escándalo de las afiliaciones fraudulentas y el desorden de los ciudadanos con doble inscripción en los padrones de los partidos políticos.
Bajo el título de «Reglamento de registro y desafiliación de miembros de partidos, agrupaciones y movimientos ante la JCE«, amparado en la Ley 33-18, las organizaciones políticas deben transparentar sus padrones electorales a partir del 1 de agosto de 2026.
Bloqueo por doble militancia
El artículo 4 advierte que las listas serán depuradas por las direcciones de Informática y Partidos de la JCE, validando únicamente a quienes figuren en una sola organización. Si un elector aparece en varios partidos, la Junta lo declarará como «inactivo«.
Asimismo, la inscripción en una nueva parcela política provocará la renuncia automática a su militancia anterior.
Si un dominicano busca impugnar su estatus de inactividad, deberá acudir a la JCE para validar sus datos biométricos y presentar pruebas físicas de su afiliación legítima, según dicta el protocolo institucional.
Del mismo modo, al intentar registrar una cédula ya inscrita, el sistema generará una alerta y el ciudadano pasará a estado «inactivo«.
Para una renuncia formal, se exige una notificación escrita al partido. La organización tendrá un plazo de 30 días para tramitar la baja en la plataforma digital oficial, adjuntando la documentación correspondiente.
Fin al transfuguismo
El artículo 9 establece como causa de renuncia automática el apoyo a candidatos opositores, participar en actos de otros partidos o aceptar candidaturas de otras siglas.
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Cada organización podrá usar su propia tecnología de afiliación si es compatible con la de la JCE, o utilizar el sistema del órgano comicial bajo la supervisión de un administrador oficial.
El registro de afiliados exigirá, además de cédula y nombre, la ubicación exacta (municipio o distrito), fecha de ingreso y soporte documental que lo avale.
Este nuevo reglamento acaba con los padrones inflados y el fenómeno de los millones de votantes ficticios que solían presentar las organizaciones en el pasado.
El artículo 7 prohíbe el empadronamiento de militares, policías, jueces de altas cortes, fiscales, y personal de la JCE, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo. Al asumir sus cargos, estos funcionarios deben presentar una declaración jurada para cancelar cualquier vínculo partidario previo. El pleno de la JCE, encabezado por Román Jáquez Liranzo junto a Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Vallejo, logró el consenso de los delegados políticos para aprobar esta pieza clave de la democracia dominicana.
