El proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior (Mescyt) está en un limbo legislativo en el Senado. Desde su depósito en diciembre, la iniciativa no ha sido debatida ni retirada formalmente por el Poder Ejecutivo, generando incertidumbre en el sector educativo.
A pesar de que el proyecto fue enviado a una comisión especial, el equipo de senadores no se ha reunido ni una sola vez. Esta parálisis legislativa se prolonga por casi cuatro meses, manteniendo la propuesta estancada en la cámara alta.
El presidente de la comisión, el senador Julito Fulcar, admitió el estancamiento, justificándolo bajo el argumento de que el Gobierno prepara una nueva pieza legislativa que buscaría mayor consenso social, alejándose del proyecto original que generó fuerte rechazo.
Aunque en marzo circuló la versión de que el Ejecutivo retiraría la propuesta, el Sistema Legislativo del Senado confirma que el proyecto sigue vigente. Ante la falta de acción, la pieza corre el riesgo de perimir antes de julio, mientras el Gobierno pone sus ojos en una nueva iniciativa denominada Reforma Educativa.
Reforma de leyes
El ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, detalló que el plan actual es modificar las leyes 66-97 y 139-01 para modernizar el sistema. Según el funcionario, el proceso contempla una consulta nacional para construir una normativa que integre el sistema educativo bajo una estructura de viceministerios articulados.
Las críticas
La propuesta de fusión enfrentó duras críticas desde su anuncio, especialmente por la intención de redistribuir el 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria. Sectores como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) calificaron la unión de entidades como un retroceso peligroso para el sistema.
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Por su parte, la organización Educa señaló que el proyecto original careció de transparencia y socialización, advirtiendo que la medida podría debilitar la gobernanza educativa y sacrificar logros históricos. El Gobierno mantiene esta reforma como parte de su agenda de transformaciones iniciada en este segundo mandato, tras haber avanzado en los cambios policiales, laborales, constitucionales y fiscales.
