Las legisladoras que impulsaron y depositaron el proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva dieron marcha atrás y retiraron la controversial cláusula que permitía al presidente considerar un «perdón presidencial» para los médicos que practicaran abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones sexuales.
La iniciativa, firmada por la diputada perremeísta Margarita Tejeda y respaldada por otras 35 legisladoras, se había presentado originalmente como una alternativa a la penalización absoluta del aborto en el país, pero generó revuelo y fue eliminada tras la primicia de Diario Libre que detallaba la propuesta vinculada al plan «Déjala Ir».
La versión modificada, incluida en el artículo 14, establece de forma explícita: «La presente ley no legaliza causales, excepciones, eximentes, atenuantes, indultos, amnistías, gracias ni mecanismos de impunidad penal respecto del aborto«.
El texto ahora especifica que en los casos de niñas o adolescentes embarazadas por violación o incesto, Salud Pública y la Procuraduría deberán informar que la interrupción del embarazo «no procede por estar prohibida por la ley penal», pero deberán activar un protocolo de atención total para la menor.
Esa ruta incluirá asistencia médica urgente, soporte psicológico especializado, acompañamiento legal, continuidad educativa y, de ser necesario, orientación sobre alternativas como la adopción, además de blindaje total frente al agresor.
El ajuste a la pieza aún no ha sido formalizado en la Cámara de Diputados, pero las legisladoras proponentes prometieron que la versión revisada será la que se estudiará en comisiones.
TemasRelacionados
El controversial indulto presidencial
Originalmente, la versión original proponía que el presidente estuviera facultado para considerar decisiones humanitarias, como un perdón presidencial, al personal de salud que practicara abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones o incestos.
La redacción original del proyecto establecía que el Presidente de la República debía considerar alguna alternativa para que no fueran judicializados a quienes practicaran abortos a niñas «para preservar su bienestar emocional» tras episodios como un embarazo originado por una violación sexual.
- La propuesta legislativa, que ahora será modificada, está agrupada en un conjunto de 18 propuestas clave que busca frenar la violencia machista y erradicar los feminicidios en un plazo de diez años.
