La Seguridad Social Dominicana (SeNaSa), considerada la columna vertebral del sistema público de aseguramiento en República Dominicana, atraviesa su mayor crisis de corrupción desde su creación.
En las últimas semanas, el Gobierno Dominicano ha revelado hallazgos explosivos de graves irregularidades administrativas y financieras que comprometen recursos públicos y han puesto bajo presión la confianza en la entidad que cubre a más de ocho millones de dominicanos.
El caso se encuentra ya en manos del Ministerio Público, luego de que el presidente Luis Abinader instruyera la entrega de un informe técnico con los hallazgos ante la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
- El documento fue depositado el sábado 13 de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, en cumplimiento del mandato presidencial.
La crisis en SeNaSa se destapó tras una combinación de denuncias periodísticas, auditorías oficiales y testimonios protegidos, que apuntaron a un esquema sostenido de irregularidades, con repercusiones financieras que amenazan la estabilidad del régimen subsidiado y la continuidad de servicios para los afiliados más vulnerables.
Irregularidades detectadas
Procedimientos médicos inexistentes
Una de las revelaciones más graves fue la detección de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron autorizados y facturados como si hubiesen ocurrido. Según las denuncias, un «call center paralelo» operado por exempleados de la institución gestionaba estas autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados.
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Este esquema habría movilizado más de RD$41 millones en pagos ilícitos a prestadores privados. Informes periodísticos señalan que incluso empresas vinculadas a altos funcionarios habrían participado en la red.
Nómina y gastos en crecimiento
El crecimiento acelerado de la nómina y los gastos institucionales también figuran entre las irregularidades. Entre 2020 y 2024, el personal de SeNaSa pasó de 1,408 a 1,971 empleados, lo que implicó un aumento significativo en la carga salarial.
Además, la apertura de 19 oficinas en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Puerto Rico, ha generado cuestionamientos por su costo mensual superior a RD$5 millones, cuando esas funciones eran tradicionalmente asumidas por los consulados dominicanos.
A la par de estas expansiones, usuarios han denunciado retrasos en citas médicas, dificultades para acceder a medicamentos básicos y largos tiempos de espera, lo que alimenta la percepción de que los recursos no se tradujeron en mejoras para los afiliados.
Déficit y mora en pagos
Los efectos financieros de estas prácticas son evidentes. El déficit del régimen subsidiado asciende ya a más de RD$3,372 millones, mientras que la mora en los pagos a prestadores pasó de menos del 1 % en 2020 a alrededor del 46 % en 2023.
Esto ha puesto en jaque a clínicas, farmacias, laboratorios y médicos que dependen de los pagos de SeNaSa para sostener sus operaciones, y ha desatado temores de una crisis sistémica en el acceso a la salud de los más pobres.
Respuesta del Gobierno
Ante la magnitud del escándalo, el Gobierno de Luis Abinader ha tomado varias medidas. El presidente aseguró que desde noviembre de 2024 había solicitado al Ministerio Público investigar a SeNaSa, antes de que las denuncias salieran a la luz pública.
En paralelo, la Cámara de Cuentas inició una auditoría especial, la Procuraduría Especializada Antifraude abrió sus pesquisas, y la Sisalril realizó inspecciones técnicas para auditar procesos internos.
«Quien haya sustraído fondos públicos, especialmente en el área de la salud, enfrentará consecuencias drásticas», advirtió Abinader, reiterando su política de cero tolerancia a la corrupción.
En agosto de 2025, el mandatario destituyó al entonces director de SeNaSa, Santiago Hazim, y nombró en su lugar a Edward Guzmán Padilla, con el encargo de encabezar una reestructuración profunda.
Medidas inmediatas adoptadas
La nueva gestión ha implementado una serie de correcciones:
- Suspensión de contratos de 10 centros privados de atención primaria que operaban bajo el esquema de pago capitado en el régimen subsidiado. Según Guzmán, estos centros serán migrados a un sistema de pago por servicios efectivamente brindados, buscando optimizar los recursos públicos.
- Anulación de un contrato con Farmacard, S.R.L. por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tras determinar que la contratación violaba la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. La DGCP ordenó un nuevo concurso público para garantizar la continuidad del servicio con transparencia.
- Garantía de acceso a medicamentos y servicios, incluso durante la transición, para no afectar a los afiliados.
El Gobierno también ha declarado que reforzará los controles internos y obligará a mayor rendición de cuentas en las contrataciones futuras.
