El Nuevo Código Procesal Penal corre contra el reloj en el Congreso, enfrentando el plazo fatal del Tribunal Constitucional para su aprobación antes del 11 de diciembre, mientras estallan las críticas por el poder excesivo que otorgaría al Ministerio Público.
Tras su aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados, el proyecto volverá al Senado —cámara de origen—, que solo podrá aceptarlo o rechazarlo sin introducir cambios, aun con las alertas que han surgido sobre artículos clave.
La pieza fue aprobada ayer miércoles en la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos que señalan que concede facultades “ilimitadas” al Ministerio Público y elimina garantías para la ciudadanía.
Los artículos que generan alerta en el Congreso se refieren al peritaje que podría realizar el Ministerio Público, a los plazos de los procesos judiciales, a los acuerdos y a las acusaciones. Aun así, el proyecto avanzó porque el Congreso solo dispone de una semana para aprobarlo en su totalidad.
Carlos de Pérez, diputado de la Fuerza del Pueblo, afirmó que el proyecto se aprobó con la intención del Poder Ejecutivo de tenerlo listo lo antes posible y denunció que la versión enviada por el Senado era, a su juicio, un código con “una orientación represiva”.
Explicó que en la Comisión de Justicia se habían logrado avances que posteriormente fueron revertidos por el oficialismo en la modificación aprobada en segunda lectura.
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El diputado de La Romana consideró que el resultado final anula derechos ciudadanos y coloca al Ministerio Público en “una posición de poder sin límites”, con superpoderes como realizar acuerdos en fases avanzadas del proceso, prescindir de la lectura íntegra de la acusación y ejecutar acciones que, según él, podrían dejar a más personas afectadas cuando el código entre en vigencia.
El diputado Charlie Mariotti Jr., del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que buscaba un proyecto equilibrado para todas las partes del proceso penal, pero sostuvo que la versión aprobada rompe ese balance.
Señaló que atribuciones que históricamente habían sido deficiencias del Ministerio Público ahora quedan consagradas en la ley, por lo que votó en contra junto con legisladores del PLD, la Fuerza del Pueblo e incluso algunos del PRM.
Defensa al proyecto
Desde el oficialismo, Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara Baja, justificó uno de los puntos más polémicos: el peritaje realizado por el Ministerio Público.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la institución estaría facultada para realizar peritajes en la etapa inicial de un proceso judicial. Ese cambio fue introducido en la segunda discusión, ya que en la primera —realizada el martes— el peritaje solo podía ser autorizado por un juez.
Díaz explicó que, en casos como la violación sexual, se requieren investigaciones urgentes, como la recolección de evidencia biológica antes de aplicar retrovirales a la víctima, quien podría haber sido expuesta a enfermedades. Agregó que esperar una autorización judicial podría hacer que el plazo venza sin resultados. Por esa razón, justificó que el peritaje preliminar quede en manos del Ministerio Público, con control judicial posterior una vez el proceso sea judicializado.
También del PRM, Eugenio Cedeño explicó que inicialmente se pretendía permitir que la simple solicitud de una medida de coerción interrumpiera la prescripción del proceso penal, lo que habría otorgado al Ministerio Público la capacidad de extender indefinidamente un caso mediante solicitudes sucesivas.
Consideró que esto creaba “un poder ilimitado” y celebró que esa facultad fuera eliminada en la aprobación en segunda lectura. Cedeño criticó que se intentara revertir lo aprobado en primera lectura y llamó a respetar lo consensuado para evitar convertir el trabajo legislativo “en una imposición de la Procuraduría”.
A su juicio, la ley debe ajustarse a la realidad del país sin otorgar “privilegios injustos” a fiscales que podrían actuar con arbitrariedad.
La prisa
José David Báez, diputado de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el Gobierno debió impulsar con mayor agilidad la discusión del proyecto para evitar la prisa sospechosa y consideró que el retraso legislativo es consecuencia de la falta de iniciativa del Poder Ejecutivo.
Afirmó que la oposición se vio obligada a evaluar la pieza de manera global, pese a rechazar varios artículos, para evitar el caos de regresar a un código anterior. Criticó también que los diputados recibieran presiones constantes desde la Procuraduría General de la República en asuntos que, en su opinión, requerían mayor consenso y análisis.
En la misma línea, Ramón Raposo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), recordó que desde finales de 2024 el Tribunal Constitucional había ordenado revisar el Código Procesal Penal y que, aun así, se esperó hasta el último momento para aprobarlo.
Raposo reconoció que la pieza debía ser aprobada, pero sostuvo que el procedimiento apresurado “genera descontento social” y que es probable que pronto surjan futuros proyectos de ley para corregir aspectos que no fueron ajustados durante el debate.
Aspectos técnicos aprobados
El proyecto incluye una reestructuración del artículo 150 sobre el cómputo del plazo procesal. La nueva versión elimina la fórmula anterior y establece que el plazo arranca con la imposición de medidas de coerción o cautelares.
Define también con mayor precisión la táctica dilatoria del imputado y especifica que las estrategias de los abogados no podrán considerarse tácticas dilatorias para prolongar un proceso judicial. Además, añade que la conducta de un imputado no afectará a coimputados que hayan actuado diligentemente.
El proyecto restituye igualmente la facultad del Ministerio Público de ordenar peritajes en la etapa preparatoria, manteniendo el diseño polémico del código. Aunque diputados como Cedeño o De Pérez consideran que esto otorga un poder desproporcionado a la Procuraduría, legisladores como Amado Díaz argumentan que esta medida agiliza investigaciones sensibles.
El Senado, contra la pared
Con la aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados, el Senado deberá decidir antes del 11 de diciembre si ratifica o rechaza el texto, ya que la Constitución le impide introducir cambios.
