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El Senado dominicano corre contra el tiempo para aprobar en segunda lectura la reforma clave del Código Procesal Penal, presionado por un ultimátum del Tribunal Constitucional (TC) que le da hasta diciembre. Si no lo logra, volveríamos al Código del 2002, ¡totalmente obsoleto y desfasado frente a las nuevas dinámicas del sistema judicial!
Pero, más allá del plazo, la propuesta ha desatado una ola de críticas fuertes desde los expertos legales, incluyendo a Servio Tulio Castaños Guzmán (vicepresidente de Finjus) y el constitucionalista Nassef Perdomo, por supuestas inconsistencias con la Constitución y por no consultarse bien.
Aunque el Senado jura que escuchó a todos los sectores, los abogados alertan que lo aprobado en primera lectura podría causar ¡más problemas y complicar la justicia!
Uno de los puntos que más genera polémica es el artículo 25 del proyecto, que regula la interpretación de las normas procesales. Ahora, la ‘analogía’ y la ‘interpretación extensiva’ no solo favorecerían al acusado, ¡sino también a otras partes del proceso!
Este párrafo dice que «la analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado, así como el ejercicio de los derechos y facultades conferidos a las partes del proceso».
En el código actual, la analogía solo beneficia al imputado. ¡El Senado, en primera lectura, quiere cambiar eso para favorecer también a otras partes del proceso!
Rompería el equilibrio
El constitucionalista Nassef Perdomo alerta: esta modificación choca con sentencias previas del Tribunal Constitucional. ¡El Ministerio Público (MP) también podría usar la analogía, lo que desequilibraría la justicia entre acusación y defensa y desnaturalizaría el principio de que es el imputado, y no la víctima, quien enfrenta la pérdida de su libertad!
Si este artículo se mantiene así, Perdomo asegura que se estarían ignorando dos sentencias clave del Tribunal Constitucional (2019 y 2022), que dicen claramente: «la prohibición de la analogía en perjuicio del imputado es una manifestación del principio de legalidad penal».
¡ALERTA ROJA de Finjus! Advierten inconstitucionalidad
Por su parte, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), advierte que varios artículos aprobados «chocan directamente con sentencias del Tribunal Constitucional».
Menciona la analogía como método de interpretación y la ampliación de los plazos procesales, lo que, a su juicio, podría hacer que los juicios duren «prácticamente indefinidamente».
Castaños Guzmán cree que, si se aprueba así, «podría ser demandado de nuevo por inconstitucionalidad», como pasó con el Código Penal reciente, que también tiene artículos que chocan con la Carta Magna.
También critica que la discusión no fue lo suficientemente abierta. La reforma al Código Procesal Penal debía incluir no solo a jueces, fiscales y defensores públicos, ¡sino también a la academia, el Colegio de Abogados y expertos independientes!
Recordó que la última gran reforma procesal tardó «cinco años de debates nacionales», ¡muy diferente al ritmo express del actual proyecto!
Tanto Perdomo como Castaños Guzmán critican también el aumento de los plazos en los procesos penales que, según explicaron, ¡ahora quedan «indefinidos» con la reforma!
¡El Senado se defiende! Asegura que sí consultó
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió el trabajo de la comisión que estudia el proyecto, asegurando que ha sido «amplio, participativo y transparente».
Dijo que el texto fue reenviado a la comisión de Justicia antes de aprobarse en segunda lectura para revisar las observaciones de los distintos sectores, y que recibieron aportes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública y otros organismos del sistema judicial.
De los Santos insiste en que el Congreso trabaja con responsabilidad, pero ¡el tiempo se agota! El plazo fatal vence en diciembre, y si no se aprueba a tiempo, el país tendría que volver a aplicar el Código de 2002.
El legislador recordó que la Constitución faculta al Congreso Nacional a conocer los proyectos de ley en dos lecturas. Ya se aprobó en primera, y la comisión presentará su informe final para proceder a la segunda discusión pronto.
Las NOVEDADES del Código Procesal Penal que te interesan
Entre lo más llamativo del proyecto está el artículo 27, que da más derechos a las víctimas: ¡otorgándoles asistencia legal gratuita y la posibilidad de ser informadas de todo el proceso, hasta sin querella! Además, el artículo 86 permite que cualquier ciudadano se querelle en casos de violaciones de derechos humanos o delitos cometidos por funcionarios públicos.
También incluye la «reiteración delictiva» en el artículo 29, que limita el acceso a acuerdos o beneficios procesales para quienes ya tienen varias imputaciones o condenas previas.
Sobre las medidas de coerción, el artículo 238 pone más límites a la prisión preventiva: prohibiendo su aplicación en adultos mayores de 75 años, embarazadas o enfermos terminales, salvo en casos excepcionales. ¡Y el artículo 230 introduce los brazaletes electrónicos como una nueva medida alternativa para el control de imputados!
El artículo 243 ordena que las medidas de coerción se revisen cada tres meses, mientras que el artículo 41 redefine la suspensión condicional del procedimiento, aplicable solo a delitos con penas de hasta cinco años y sin antecedentes.
Aunque el Senado se apura en cumplir el plazo, ¡el proyecto aún tiene un largo camino! Debe pasar por la Cámara de Diputados en dos lecturas más. Si los diputados deciden hacer alguna modificación a lo que aprobaron los senadores, ¡la iniciativa volvería al Senado para otra revisión y aprobación! Con el ultimátum del Tribunal Constitucional para aprobar el Código Procesal Penal antes de diciembre, el Congreso está bajo una presión enorme para revisarlo rápido.
