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Entre las 151 soluciones que se pactaron en el «Diálogo sobre la crisis migratoria» se encuentra una que plantea «la integración laboral formal de los inmigrantes haitianos«.
Precisa el documento que esto deberá hacerse en el marco del respeto a las leyes dominicanas, en especial la de Migración.
Bajo el entendido de que la informalidad laboral está estrechamente ligada a la irregularidad migratoria, también resolvieron fortalecer la aplicación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en lo que respecta a servicios básicos y garantías mínimas para trabajadores en condiciones regulares.
En el informe final entregado al presidente Luis Abinader y a sus antecesores, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, se acordó revisar y adecuar la normativa vigente para corregir «contradicciones y rigideces».
Dentro de las disposiciones legales a ajustar está «el estricto cumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo sobre la regla 80-20 en la composición de la fuerza laboral«. Se refiere a la obligación legal de que al menos el 80 % de los trabajadores sean dominicanos.
También propusieron revisar el artículo 145 del Código de Trabajo para permitir excepciones temporales en los sectores agropecuario y construcción, bajo condiciones estrictas y previa consulta con los sectores productivos y sociales, así como adecuar el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración para facilitar su articulación con la política laboral.
Los representantes de los expresidentes y del actual mandatario favorecieron que se evalúe otorgar facilidades para apertura de cuentas de nómina a trabajadores migrantes en condiciones formales.
Sanción y control
Las disposiciones anteriores estarían acompañadas de un régimen de sanciones y control que, de aplicarse, perseguiría la contratación irregular de migrantes e incentivaría la formalización.
Además, se fortalecería la inspección del Ministerio de Trabajo, aumentando inspectores y priorizando sectores de alto riesgo, e incorporarían tecnologías de última generación para fiscalizar la contratación y el cumplimiento de las obligaciones laborales y migratorias.
En ese sentido, las autoridades fortalecerían esa institución para facilitar su trabajo como órgano rector de la política laboral y crearían bajo su coordinación un Observatorio Nacional de Migración Laboral para diseñar e implementar políticas efectivas.
Motivar a los dominicanos
Los actores políticos, sociales y empresariales que participaron en las discusiones coincidieron en implementar un sistema nacional de información y monitoreo sobre oferta y demanda laboral que aporte información precisa sobre las necesidades del mercado.
En este apartado se contempla implementar campañas de orientación y formación profesional dirigidas a incentivar a la población dominicana a trabajar en sectores dependientes de mano de obra migrante.
Adicionalmente, evaluar un programa nacional de mecanización agropecuaria con asistencia técnica, financiamiento y formación.
Entre las propuestas más relevantes están las siguientes:
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Identificar productos y materias primas consumidos en la República Dominicana que puedan ser producidos en Haití con inversión y asistencia técnica dominicana, promoviendo la complementariedad productiva.
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Fomentar programas de intercambio de recursos humanos, capacitación técnica y cooperación en logística y aduanas entre ambos países.
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Ampliar la verja a todo el territorio de la frontera, actualizar el «Procedimiento de Gestión de los Servicios de Salud a los Pacientes Extranjeros».
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Promover la creación de un Consejo Binacional de Innovación Social con participación de organizaciones dominicanas y haitianas, para diseñar e implementar proyectos conjuntos de desarrollo, fortalecimiento comunitario y educación.
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Promover el establecimiento de un plan hemisférico de reconstrucción y estabilización de Haití, con cuatro componentes: seguridad, reconstrucción institucional, impulso económico, y mejora de salud y educación.
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Transformar la MSS en una misión híbrida sostenible, con financiamiento compartido y liderazgo logístico de la ONU, en línea con las propuestas del secretario general.
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Habilitar canales para denuncias anónimas sobre tráfico de inmigrantes, modernizar los trámites migratorios sobre permisos para migrantes.
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Garantizar un presupuesto especializado para la seguridad fronteriza bajo la gestión del Ministerio de Defensa.
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Ampliar el Plan Nacional de Titulación en la zona fronteriza, para otorgar seguridad jurídica y sentar las bases de una transformación territorial sostenible.
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Construir la carretera internacional que conecte las provincias fronterizas.
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Promover esquemas de simplificación tributaria diferenciados, adaptados a la informalidad de la zona fronteriza.
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Realizar censos de seguridad con registro biométrico obligatorio a ciudadanos extranjeros y repatriación inmediata si representan riesgo.
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Impulsar un programa integral de mejora de infraestructura física, incluyendo vías, servicios públicos, centros educativos y espacios comunitarios.
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Poner en marcha un sistema de monitoreo de bandas armadas, cruces ilegales y redes de tráfico humano o ilícito.
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Crear una comisión de veeduría integrada por representantes de los tres sectores que conforman el CES –empresarial, laboral y social- y de otros sectores. Ésta deberá contar con las condiciones necesarias para evaluar avances, identificar obstáculos y formular recomendaciones de mejora.
Leonel Fernández
El CES entregó ayer al expresidente Fernández el informe final con las 151 propuestas, después de haber hecho lo mismo con el presidente Luis Abinader y los exmandatarios Hipólito Mejía y Danilo Medina.
Fernández propuso un mecanismo de seguimiento de la aplicación de los acuerdos.
