La reciente detención del exregidor Francisco Alberto Paulino Castro, alias «Francis o el Compadre», por su presunta participación en una red de narcotráfico y lavado de activos, incrementa la creciente lista de dirigentes, militantes o funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) vinculados a la narcopolítica.
Paulino Castro fue electo regidor en las elecciones municipales de 2020 y llegó a presidir el Concejo de Regidores de Boca Chica. Sin embargo, el pasado jueves se informó que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lo detuvieron, en un operativo junto a otras 15 personas —entre ellas empleados del puerto Multimodal Caucedo— por sus presuntos lazos con el narcotráfico.
Mientras en el PRM siguen cayendo miembros bajo estas circunstancias, la organización política mantiene su posición de que no existe impunidad para sus afiliados que han sido o están siendo vinculados al crimen organizado.
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, reiteró el viernes que toda persona que viole la ley debe responder ante la justicia dominicana, sin importar el partido al que pertenezca.
«Todo aquel que transgrede la norma está obligado a pagar por ello. Que se cumpla el debido proceso y que responda por sus hechos, de ser culpable. Si es inocente o culpable, que lo determine la justicia, pero siempre será lo mismo: todo aquel que rompe la ley está obligado a pagar por ello», afirmó.
En esta misma semana de la detención de Paulino Castro, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, sostuvo durante un Diálogo Libre de este periódico que el Gobierno mantiene un enfoque de «impunidad cero» frente a la influencia del narcotráfico en la vida política nacional.
TemasRelacionados
«Si mañana surgiera otra persona vinculada a nuestra organización o a cualquier área del quehacer social asociada al narcotráfico, ya sabe cuál es la suerte que le corresponderá: la de la justicia; y, si tiene vínculos con el exterior, su extradición«, remarcó Paliza.
El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavares, señaló la necesidad de que los partidos políticos, en especial el gobernante, implementen mayores filtros anti-narco para alejar a los «criminales» de la cosa pública.
«En el caso del PRM, ha sido algo catastrófico y descomunal porque son numerosos casos que cada día salen que están involucrados con el narcotráfico«, aseveró.
Hace un par de semanas, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también advirtió sobre la gravedad del problema y pidió al oficialismo romper vínculos con la llamada «narcopolítica«.
Condenados o en proceso de extradición por narco
Algunos políticos del PRM han sido condenados o enfrentan procesos judiciales por narcotráfico.
Miguel Gutiérrez Díaz, exdiputado por Santiago, fue arrestado en 2021 al llegar a Miami y posteriormente acusado de conspirar para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Tras un acuerdo con la fiscalía norteamericana, se declaró culpable y fue condenado en abril de 2024 a 16 años de prisión.
Otra figura política condenada es Rosa Amalia Pilarte, exdiputada por La Vega, hallada culpable en el país de lavar más de 4,400 millones de pesos provenientes del narcotráfico, fondos que ingresaron al sistema financiero nacional. Fue sentenciada por la Suprema Corte de Justicia a cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago; al pago de 200 salarios mínimos y a las costas procesales.
Su caso está vinculado a la red presuntamente liderada por su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), en la que también participaban sus hijos y otros acusados declarados en rebeldía. En abril de este año, el Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega dictó la extinción de la acción penal en el caso contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como «Micky», y varios miembros de su familia.
En 2020, Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, Azua, fue extraditado por narco a Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Fue acusado de importar al menos 79 kilogramos de heroína a Nueva York con apoyo directo de dicha organización. Este caso continúa en la justicia norteamericana.
Funcionarios y militantes en el ojo del huracán
Diversos funcionarios electos y designados del PRM han sido señalados o procesados por presuntos vínculos con redes criminales internacionales.
Boanerges Sánchez Nolasco, también conocido como Walner Sánchez, fue detenido en 2019 por sus presuntos vínculos con la red de César «el Abusador», según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En ese entonces, militaba en el PRM y aspiraba a la senaduría de Hato Mayor.
Varias publicaciones de ese año lo señalaban como precandidato oficial del partido; sin embargo, el PRM negó esa versión. En 2020 se postuló como diputado por el PRSC (aliado al oficialismo en ese proceso) y actualmente milita en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En Bayahíbe, el alcalde distrital Enriquillo Luis Brito, electo en la boleta PRM/DxC (Dominicanos por el Cambio), fue detenido en 2024. Está señalado de supuestamente formar parte de una red que intentó enviar un cargamento de 9.9 toneladas de cocaína a Europa, decomisado en el puerto de Caucedo el año pasado. Su proceso se encuentra en fase preliminar.
Otro caso reciente es el del regidor del PRM en el Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo. Presuntamente es parte de una red internacional de tráfico de cocaína. Fue suspendido en septiembre de 2025 por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional.
Entre los funcionarios designados, Fabio Augusto Jorge Puras, exasesor honorífico del Poder Ejecutivo, fue desvinculado mediante decreto tras revelarse que era objeto de una investigación de la DEA. Asimismo, Gaspar Antonio Polanco Virela, exfuncionario municipal, también fue señalado en pesquisas de agencias de EE.UU..
Operación Falcón: El golpe al narco
La llamada Operación Falcón, iniciada en 2021, desmanteló una amplia red de narcotráfico y lavado de activos con ramificaciones políticas en varias provincias del país.
Uno de los implicados de mayor perfil es Juan Maldonado Castro, exdiputado y exdirector de Comunidad Digna, señalado como pieza clave en el lavado de activos y en la protección de la estructura criminal. Fue suspendido por el presidente Luis Abinader tras su arresto. Su caso fue enviado a juicio de fondo bajo la jurisdicción de Santiago.
Asimismo, los legisladores oficialistas Nelson Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera, conocida como Grey Maldonado, también fueron mencionados en el expediente de la operación, que aún se ventila en los tribunales.
