¡Alerta en el Congreso RD! La Cámara de Diputados enfrenta un reto contrarreloj en menos de 21 días para reformar el Código Procesal Penal (CPP), conminada por el plazo fatal que impuso el Tribunal Constitucional (TC) tras anular la ley por errores. La fecha límite es el 11 de diciembre.
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Wandy Batista, explicó ayer que los legisladores no tienen margen para deliberar sobre tiempos políticos, sino únicamente cumplir con la exigencia del Tribunal Constitucional, aunque estén bajo presión extrema.
En caso de que la aprobación de los diputados no ocurra antes del 11 de diciembre, el país estaría rigiéndose por el antiguo Código Procesal Penal del 2002, perdiendo avances cruciales de la ley del 2015 como las garantías procesales o los derechos de los imputados.
En la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre del 2024, la alta corte dispuso que, si el Congreso no aprueba una nueva ley del Código Procesal Penal antes del 11 de diciembre de este año, la actual quedaría fuera del sistema jurídico, lo que provocaría que la justicia se rija por una vieja ley promulgada hace 23 años. ¡Un peligro jurídico!
Esto implica que el sistema jurídico dominicano retrocedería en aspectos clave como los derechos procesales, plazos, roles, derechos de las víctimas, interpretación extensiva, ajuste de plazos para la prisión preventiva y justificaciones más robustas de los jueces al imponer medidas de coerción.
Trabajo maratónico
Con esa premura para evitar un colapso jurídico, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados trazará una ruta de trabajo acelerada para estudiar una compleja reforma al Código Procesal Penal que al Senado le tomó alrededor de diez meses y que ahora debe ser vista en solo tres semanas por los diputados.
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Según dijo el diputado Batista, quien coordina los análisis de la pieza, la misión de la comisión que dirige es producir un informe a tiempo, aunque esto implique acelerar el estudio de un proyecto denso y con muchas críticas.
Batista sostuvo que el trabajo se desarrollará con jornadas dobles intensivas para revisar tanto los puntos controvertidos del Código Procesal Penal como el articulado completo.
Los comisionados, según precisó, han identificado entre 20 y 30 aspectos conflictivos en el debate público y consideran que todavía existe espacio para examinar la larga pieza por completo antes de que el plazo constitucional concluya.
Su posición es que, aunque la tarea sea compleja y el tiempo limitado, la Cámara debe garantizar que no se produzca un vacío legal cuando quede sin efecto la norma que el Tribunal Constitucional declaró como no conforme con la Constitución.
Reconoció que existen debates entre juristas sobre si una ampliación del plazo procedería o no, e incluso recordó que en otros países con sistemas judiciales parecidos han ocurrido situaciones similares.
Sin embargo, insistió en que el enfoque actual es trabajar al máximo para llegar a tiempo, sin asumir gestiones que no están dentro de las atribuciones de la comisión.
El legislador indicó que el ritmo de análisis apenas entró en materia este jueves, a pesar de que el plazo fatal está a punto de agotarse.
En ese orden, explicó que incluso se está revisando la fecha exacta en que la sentencia del Tribunal Constitucional fue notificada al Congreso, porque esa precisión determina si el límite es el 11 de diciembre o si podría ser tan pronto como el día 6, como sostienen algunos sectores. ¡Cada día cuenta!
Aun así, afirmó que la comisión tiene la intención de rendir un informe a tiempo para que el Pleno de la Cámara de Diputados pueda conocer el proyecto dentro del margen legal, ya sea para aprobarlo o rechazarlo según la votación mayoritaria. ¡La decisión final se acerca!
Proyecto de urgencia
Para cumplir con el calendario constitucional, los diputados analizan la opción de que el proyecto se declare de urgencia extrema cuando sea votado, lo que permitiría agilizar el trámite legislativo.
El procedimiento de urgencia es una herramienta regulada por los reglamentos congresuales que permite que los proyectos sean aprobados en primera y segunda discusión en una misma jornada de trabajo, lo que evita retrasos en las iniciativas.
La comisión, según explicó Batista, considera indispensable respetar el plazo porque entiende que la Cámara de Diputados tiene la obligación institucional ineludible de someterse a lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Además del estudio técnico riguroso, el proceso incluirá la incorporación de múltiples observaciones enviadas por abogados, académicos, organizaciones de interés y legisladores que no forman parte de la comisión. ¡Un debate inclusivo bajo presión!
Todas estas sugerencias serán evaluadas, ya sea a lo interno de la comisión o en una posible vista pública urgente que, según adelantó Batista, podría ser convocada para escuchar a todos los actores, incluyendo el Ministerio Público y la Defensoría Pública. ¡Se escucharán todas las voces!
Aun con la complejidad del proyecto y la acumulación de observaciones, la Comisión Permanente de Justicia insiste en que hará «todo lo humanamente posible» para entregar su informe dentro del plazo impuesto. ¡El compromiso es total!
Su propósito, según explicó su presidente, es evitar que la República Dominicana llegue a la fecha límite sin una norma procesal penal moderna vigente que se corresponda con el mandato constitucional. ¡No podemos fallar!
Viejo Código Procesal
En su sentencia emitida en diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional anuló la Ley 10-15 sobre el Código Procesal Penal por fallos en el procedimiento de su aprobación. ¡De ahí la urgencia actual!
