A través de una carta enviada el pasado viernes a la Cámara de Diputados, el presidente Luis Abinader frenó y observó la controversial ley que busca pagar deudas millonarias a un grupo de contratistas, destacando que el proyecto aprobado por los legisladores no contempla el monto exacto del desembolso que hará el Estado y tampoco identifica con formalidad a las empresas y ciudadanos que serán beneficiados con la normativa.
Los diputados aprobaron el 12 de enero, bajo un procedimiento de urgencia, el proyecto de ley, que pasó también en el Senado, el cual autoriza el pago de centeneras de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal a responsables de trabajos y construcción de infraestructuras que datan de hasta 30 años.
No obstante, ningún artículo de la propuesta específica el monto total de la deuda, aunque el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), que elaboró el proyecto, afirma que esta asciende a alrededor de 2,000 millones de pesos.
Abinader citó el artículo 233 de la Constitución para argumentar que el Poder Ejecutivo “debe programar sus ingresos y gastos” y que, en consecuencia, necesita tener más datos financieros antes de autorizar el pago.
En su misiva, el mandatario señala, además, a los diputados que el proyecto que aprobaron carece de “certeza y exigibilidad” porque no existe nada “que respalde de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado” a estas personas y empresas a quienes les atribuyen esa calidad.
En vista de esto aduce, aunque los contratistas fueron enlistados en la ley aprobada, pide a los diputados identificarlos mejor.
Más de 500
El proyecto de ley enumera a más de 500 empresas y ciudadanos a los que, según la pieza, el Estado debe, desde hace años, la construcción y mantenimiento de obras. Aunque la propuesta los menciona por sus nombres, no proporciona documentos que certifiquen los trabajos que se les atribuyen.
El presidente señala que la responsabilidad financiera consiste en poseer los fondos necesarios antes de ordenar cualquier pago. Con esa aseveración, critica la ley desde su título mismo ya que la pieza “autoriza el pago de deuda por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas”.
El Congreso deberá aprobar o rechazar los señalamientos de Abinader, sin posibilidad de someter más modificaciones.
Algunas de las entidades públicas que deben más recursos a los contratistas son:
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Vivienda y Edificaciones
- Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
- Instituto Nacional de Aguas Potables
- Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
- Junta Central Electoral
- Alcaldía del Distrito Nacional
Los contratistas a los que el Estado les debe más dinero por obras ejecutadas son: Wagner Manuel Mosquea, con tres contratos; el ingeniero Arturo Aníbal Rincón, con tres contratos; y Miguelina Rincón Santana, con dos.
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La ley aprobada por los congresistas apartó las obras ejecutadas de los mantenimientos correctivos y estableció que, dentro de este último grupo, solo adeuda contratos el Ministerio de Educación.
Plazo constitucional
Según el artículo 103 de la Constitución, los legisladores cuentan con dos legislaturas ordinarias para conocer las observaciones de Abinader. Si no cumplen con el mandato, la ley quedaría aprobada automáticamente con las observaciones del Poder Ejecutivo.
