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Por Juan Manuel Trak
El 15 de enero de 2026, María Corina Machado, laureada con el Premio Nobel de la Paz y figura clave de la oposición venezolana, entregó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la medalla otorgada por el Comité Noruego del Nobel. Este galardón, la distinción diplomática más influyente a nivel global, reconoce hitos fundamentales para la paz: desarme, cooperación internacional y la defensa férrea de los derechos humanos.
La respuesta de la comunidad internacional fue inmediata. En Noruega, el movimiento ha generado asombro y controversia, pues los méritos que lo sustentan se consideran intransferibles. En consecuencia, el acto en la Casa Blanca, cediendo el símbolo del premio a Donald Trump, ha sido calificado por los noruegos como una ruptura con los valores que llevaron a Machado a ser premiada: la resistencia democrática, electoral y pacífica de los venezolanos contra el régimen de Maduro, demostrada en las históricas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El ofrecimiento de Machado ocurre en plena crisis diplomática entre Europa y Estados Unidos. La insistencia de Trump en la compra de Groenlandia, las críticas por la ruptura del derecho internacional tras la captura de Nicolás Maduro y el respaldo a las propuestas rusas sobre la guerra en Ucrania han fracturado el vínculo transatlántico. En el ámbito doméstico, el mandatario estadounidense intensifica su ofensiva migratoria mediante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y escala el conflicto en estados demócratas. Ambas tendencias agudizan la contradicción entre el prestigio de la medalla y las acciones de la Casa Blanca.
Desde la óptica del poder real, ¿esta jugada de Machado impulsa su objetivo de liderar la transición en Venezuela? La evidencia, de momento, es negativa.
Su cumbre del 15 de enero de 2026 no produjo acuerdos vinculantes ni un espaldarazo oficial como líder del cambio venezolano. Su ingreso por la entrada de visitantes, la falta de una comparecencia ante los medios y la entrega de una bolsa de souvenirs de la Casa Blanca contrastan con los movimientos en Caracas. El director de la CIA mantenía reuniones estratégicas con la presidenta interina Delcy Rodríguez para tratar el narcotráfico. Ese mismo día, Rodríguez impulsó ante la Asamblea Nacional la reforma petrolera que reactivará las operaciones de multinacionales energéticas en suelo venezolano. Estos hechos confirman un giro geopolítico radical en la relación bilateral, pese a la captura de Maduro el 3 de enero.
Paralelamente, gigantes como Repsol y Maurel & Prom gestionaban en Washington licencias de exportación, mientras se ejecutaba la primera venta masiva de petróleo incautado por 500 millones de dólares destinados al sistema financiero venezolano. Estos eventos demuestran que el gobierno de los Estados Unidos prioriza negociar con la estructura de poder vigente para asegurar objetivos estratégicos como energía, seguridad y migración, antes que consolidar a la líder opositora en la transición democrática.
Esta tesis se confirma con las declaraciones de Trump sobre su contacto con Rodríguez: Tuvimos una llamada extensa, analizamos grandes temas, es una líder formidable, trabajamos muy bien con ella. El guiño a Rodríguez indica que Washington la proyecta como la figura de transición necesaria. Esto choca con las críticas de los demócratas y la Unión Europea, que exigen respetar los resultados del 28 de julio que dieron la victoria a Edmundo González Urrutia.
Para María Corina Machado, el alineamiento total con Trump implica el riesgo de fracturar alianzas críticas frente al pragmatismo transaccional dominante. Más allá de la retórica, una transición efectiva solo es viable con la cooperación de quienes retienen el control territorial en Venezuela. En este escenario, validar la agenda de Trump favorece la resiliencia del chavismo post-Maduro y la perpetuación de un gobierno interino a largo plazo.























