Japón estrena este miércoles un histórico sistema de custodia compartida tras el divorcio, convirtiéndose en el último país del G7 en actualizar su legislación, aunque la reforma desata una fuerte polémica por su ineficacia frente a los llamados secuestros parentales.
Mientras los defensores aseguran que la medida garantiza el derecho de los hijos a mantener contacto con ambos progenitores, los críticos denuncian que la ley es insuficiente y pone en riesgo a víctimas de violencia de género al facilitar lazos obligatorios con sus agresores.
A pesar de la aprobación de esta reforma en 2024, expertos y organizaciones advierten sobre la falta de mecanismos reales para obligar a su cumplimiento, dejando a muchas familias en un limbo legal tras procesos de separación conflictivos.
Una reforma sin cambios estructurales
El director ejecutivo de Bring Abducted Children Home (BAC Home), Jeffery Morehouse, explica a EFE que el sistema confunde la autoridad parental legal con la crianza real. «No es custodia compartida real, es simplemente toma de decisiones administrativas», lamenta sobre una ley que considera que no cambiará la realidad de los padres afectados.
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Morehouse, quien sufrió la sustracción de su hijo hacia Japón en 2010, es escéptico: la reforma no establece estándares de tiempo ni visitas, dejando la custodia en manos de una ambigüedad legal que, según él, invita a no aplaudir hasta ver resultados concretos.
Incentivos al secuestro de menores
En la misma línea, John Gomez, presidente de la ONG Kizuna Child-Parent, critica que el sistema japonés sigue incentivando el secuestro de menores al otorgar la custodia a quien retiene al niño. Según Gomez, abogados locales llegan a recomendar esta práctica porque conocen las fisuras del sistema.
«Se necesita una transformación social absoluta», sostiene, señalando que la medida es apenas un parche para aliviar la presión internacional, sin herramientas punitivas reales para quienes incumplen las sentencias o desaparecen con los menores.
Violencia de género: una asignatura pendiente
Por su parte, Masako Komori, de la asociación nipona Single Mothers, alerta sobre la fragilidad de la protección ante la violencia de género en Japón. Aunque los casos de abuso deberían quedar excluidos, la dificultad de probar la violencia en los tribunales permite que agresores mantengan el control sobre sus exparejas a través de la nueva ley.
Komori subraya la ironía de la situación: mientras algunos padres pelean por ver a sus hijos, en muchos casos analizados por su organización, los progenitores simplemente abandonan cualquier interés real en la crianza tras el divorcio.
La enmienda al Código Civil
La nueva normativa, que convive con la custodia exclusiva tradicional, permite a los padres elegir, pero si hay conflicto, la última palabra la tiene un tribunal de familia. Aunque la ley estipula derechos compartidos en educación y salud, la falta de una normativa sobre la convivencia igualitaria o tiempos mínimos hace que la eficacia de este cambio siga siendo objeto de intenso debate nacional e internacional.
