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Según el informe, tomando en cuenta las líneas de pobreza nacionales, para eliminar el hambre el 70 % de los países de América Latina y el Caribe necesitan invertir menos del 1 % de su PIB adicional, un coste mínimo para un impacto gigante en el combate a la pobreza.
El restante 30 % (8 países) enfrentan un desafío del 3,59 % del PIB en inversión, con Haití como el mayor reto (13 % del PIB). Estos datos provienen del revelador informe ‘¿Cuánto costaría eliminar el hambre en América Latina y el Caribe?’, elaborado por Eugenio Díaz-Bonilla (IICA) y Tewodaj Mogues (FMI).
«Muchos países en América Latina y el Caribe podrían acabar con el hambre con una inversión inteligente y de bajo coste adicional», afirmó Díaz-Bonilla. Sugirió optimizar recursos con una mejor focalización del gasto actual o la reasignación de subsidios ineficaces, destacando que cada nación puede ajustar las cifras según sus prioridades.
Manuel Otero, director general del IICA, enfatizó: «Sin agricultura no hay seguridad alimentaria». Hizo un llamado urgente a la acción política para una mejor coordinación entre los ministerios de Agricultura y Finanzas en la región, clave para combatir el hambre crónica.
Datos del IICA revelan que América Latina y el Caribe es una despensa global: 1 de cada 4 toneladas de alimentos en el comercio internacional provienen de la región. ¡Hay alimentos de sobra para acabar con el hambre!
El informe subraya una paradoja: la región tiene un 26 % de exceso de calorías per cápita, pero 44 millones de personas sufren hambre. Además, 141 millones de personas luchan contra la obesidad, un reto nutricional igualmente apremiante.
Además, 182 millones de personas no pueden pagar una dieta saludable debido a ingresos insuficientes.
El estudio se presentó en el Consejo Asesor del IICA para la Transformación de los Sistemas Agroalimentarios, con la participación de Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú.
«Podemos acabar con el hambre de inmediato», sentenció Trivelli. «El problema no es la escasez de alimentos, sino el acceso económico. Las familias no tienen ingresos para la canasta básica».
