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Por Ricardo Monzón
En abril de 2026, cuando los peruanos vayan a las urnas para elegir presidente, habrá un poder oculto que no figura en las cédulas electorales: la minería ilegal, el verdadero poder en la sombra.
Este gigante ilegal amasa fortunas ilícitas, domina regiones enteras y ha demostrado la capacidad de corromper y asesinar impunemente. Sus garras llegan al Congreso, donde tiene cómplices que blindan su impunidad. Ni los operativos policiales ni las intervenciones militares logran frenar un poder que ya disputa abiertamente el control político de Perú.
Pero mientras la minería formal impulsa la economía con empleos y tributos, la minería ilegal saquea el Estado sin control, drenando sus recursos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este negocio criminal equivale al 2,7% del PBI, compitiendo con sectores formales. La Fiscalía estima pérdidas anuales superiores a S/22,700 millones (más de US$6,500 millones), y solo entre 2023 y 2025 el Estado dejó de percibir S/7,500 millones (más de US$2 mil millones) en impuestos y canon. Se ha consolidado como un poder económico paralelo.
Peor aún, la minería ilegal también origina catástrofes humanitarias y ambientales gravísimas como trata de personas, incluyendo esclavitud sexual y laboral, explotación infantil, prostitución en campamentos, deforestación, envenenamiento de ríos con mercurio, desplazamiento forzado de indígenas, y una escalada imparable de violencia criminal.
El corazón violento de esta batalla es Pataz, en la región La Libertad a 1,455 km. al norte de Lima, cuyo gobernador es César Acuña, el hombre más poderoso del país según la encuesta de poder de octubre de SEMANA económica. Allí, en los últimos tres años la empresa minera Poderosa ha denunciado 18 trabajadores asesinados en ataques de bandas criminales ligadas a la extracción ilegal de oro. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el número de víctimas mortales en Pataz ya excede los 50.
Este es, entonces, un negocio turbio que, tras el brillo del oro, oculta una red de violencia, corrupción y ecocidio.
¿Cómo logra su poder? El destructivo impacto de la minería ilegal no sería posible sin respaldo político. En el Congreso, partidos y bancadas de izquierda como Juntos por el Perú, liderado por el exministro Roberto Sánchez, han sido claves para blindar a los mineros ilegales.
Sánchez fue un impulsor clave de la ampliación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) hasta diciembre de este año, a pesar de que debió cerrarse hace años. La ampliación equivale a otorgar una licencia para delinquir a operadores ilegales, ya que les permite extraer oro sin control, usar explosivos y traficar insumos prohibidos impunemente, bajo el disfraz de una “formalización” interminable. En la práctica, el REINFO es un blindaje total para la impunidad.
La conexión entre política y minería ilegal es flagrante en el Parlamento. Según reportes periodísticos, más del 75% de congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre han apoyado iniciativas pro-desregulación minera. Además, al menos 14 líderes mineros informales están afiliados a partidos con representación parlamentaria como Renovación Popular (liderado por Rafael López Aliaga), Perú Libre, Juntos Por el Perú y Podemos Perú.
La minería ilegal también está profundamente infiltrada en gobiernos locales y regionales. Al menos 59 alcaldes aparecen registrados en el REINFO y muchos gobernadores regionales han sido investigados por corrupción, sobre todo en zonas mineras como Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali.
¿Quién detendrá la infiltración minera ilegal en la política peruana para 2026? ¿Quién garantiza que, con el dinero que mueve y la red de complicidades que ha tejido, no impondrá al próximo presidente de la República? Nadie.
Independientemente, la minería ilegal ya es una fuerza política real con recursos, influencia y presencia territorial. Su avance busca comprar voluntades, intimidar al Estado y secuestrar instituciones desde dentro. En las próximas elecciones, su amenaza se cierne sobre cada región, disputando el control del futuro del Perú.
Lo que empezó como un imperio criminal podría definir el futuro electoral. La advertencia está hecha.
Ricardo Monzón Kcomt es un periodista peruano especialista en política. Máster en Comunicación Corporativa por la Universitat de Barcelona. Licenciado en Periodismo y Audiovisuales con experiencia en conducción de TV, comunicación social y corporativa.
