Por León Padilla
Desde su primera gestión, Donald Trump ha impulsado una estrategia agresiva definida por decisiones unilaterales, el uso de aranceles como arma de presión política y una visión ideológica radical que desplazó el análisis técnico y el multilateralismo. Este fenómeno se ha intensificado en su segundo mandato con choques directos ante gobiernos europeos y latinoamericanos, priorizando la confrontación ideológica sobre la planificación económica global.
En Latinoamérica, esta narrativa se transformó en bloqueos migratorios y financieros contra regímenes opositores, detonando roces con figuras como Lula da Silva o Gustavo Petro. No obstante, ciertos países con crisis estructurales —incluyendo el auge del narcotráfico— han evadido sanciones por su alineamiento con la Casa Blanca. Ecuador es el caso clave: pese a la inseguridad extrema, el poder del crimen organizado y ser un punto crítico para la salida de cocaína, no ha recibido represalias contundentes de Washington.
Esta política de choque no es exclusiva de Estados Unidos. En la región, este modelo de gestión ha sido adoptado en la política económica y exterior de Argentina y Ecuador. Para el gobierno ecuatoriano, el reciente conflicto comercial con Colombia es la prueba máxima de esta peligrosa dinámica.
En este panorama, la administración de Daniel Noboa evidencia cómo un plan basado en el cálculo político inmediato puede replicar el estilo Trump, elevando el riesgo en naciones con economías dependientes y sistemas institucionales frágiles.
El “Trump ecuatoriano” y la política de confrontación
Desde que asumió el poder, Daniel Noboa ha exhibido tácticas políticas idénticas al estilo de Donald Trump. Una de ellas es la búsqueda de culpables externos frente a las fallas de gobernabilidad. El Ejecutivo ha señalado repetidamente a la Corte Nacional de Justicia y otros entes del Estado por el estancamiento en seguridad y reformas, atacando públicamente a jueces y funcionarios clave.
Este comportamiento no es aislado. Ecuador protagonizó un escándalo internacional sin precedentes: el asalto a la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas. Más allá del proceso judicial, el acto violó la Convención de Viena y rompió la relación bilateral con México. Tras el incidente, el gobierno de Noboa impuso medidas comerciales que agravaron el aislamiento diplomático y generaron pérdidas millonarias.
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Este modelo de ruptura resurgió en el conflicto con Colombia. El 20 de enero, luego de que Gustavo Petro pidiera libertad para Glas por razones humanitarias, Noboa respondió con un arancel del 30% a las importaciones colombianas. Aunque se justificó bajo la falta de cooperación contra el narcotráfico y el déficit comercial, la rapidez de la medida sugiere una represalia política y no una decisión técnica consensuada.
La decisión es alarmante porque Colombia es un socio estratégico y el mayor proveedor de energía eléctrica para Ecuador. En plena crisis energética, la electricidad colombiana ha sido vital para evitar apagones masivos. Pese a esto, la tensión aumentó: Colombia anunció aranceles recíprocos y la revisión de la venta de energía, una amenaza que golpearía directamente la producción industrial y el costo de vida de las familias ecuatorianas.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Todo esto ocurre mientras Noboa presenta resultados opuestos. En economía, el riesgo país ha bajado y las exportaciones no petroleras crecen, dando señales de reactivación en el PIB. Sin embargo, la seguridad ciudadana está en colapso. Las proyecciones de homicidios para 2025 sitúan la tasa entre 49 y 51 por cada 100.000 habitantes, la cifra más violenta en la historia del país, exponiendo el fracaso ante el narcotráfico.
La comparativa entre el modelo Trump y la gestión de Noboa confirma un patrón: cuando la ideología aplasta la política económica, los ciudadanos pagan el costo. Estados Unidos puede absorber estos impactos por su tamaño; una economía dolarizada y pequeña como la de Ecuador no tiene margen de error, y las consecuencias sociales son inmediatas.
Adoptar una lógica de poder y alineamiento ideológico en Latinoamérica no garantiza soberanía. Al contrario, destruye la integración regional, aumenta la vulnerabilidad y pone en riesgo la estabilidad económica alcanzada.
Ecuador y la región necesitan una diplomacia basada en el pragmatismo y la planificación. Superar las diferencias ideológicas es fundamental para la supervivencia económica, tal como lo demuestra el éxito de la integración en la Unión Europea.
