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En Washington, la crisis presupuestaria y la reapertura del Gobierno siguen en punto muerto, sin previsión de acuerdo entre republicanos y demócratas. Con el cierre gubernamental, varias agencias públicas se quedan sin recursos para funcionar con normalidad.
Este cierre histórico llevó a la FAA, la agencia de control aéreo, a determinar la reducción masiva del tráfico en 40 de los principales aeropuertos estadounidenses. Como consecuencia, las compañías aéreas cancelaron cientos de vuelos y modificaron los horarios, generando caos aéreo.
La FAA pidió a las empresas que redujeran en un 10 % el número de aterrizajes y despegues en aeropuertos clave como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Atlanta, el más transitado del mundo. La medida se justifica por alerta de seguridad. Los controladores aéreos, pagados con fondos federales, están al límite. Muchos técnicos han sido despedidos por falta de fondos y trabajan sin recibir su salario.
En medio del estancamiento político, un juez federal de Rhode Island determinó que el gobierno de Trump debe encontrar recursos para pagar íntegramente los beneficios del SNAP, el principal programa de ayuda alimentaria de Estados Unidos.
La decisión se tomó después de que ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro demandaran al gobierno. Argumentaron que el plan de pagar solo el 65 % del valor máximo del beneficio dejaría a millones de familias en crisis este mes.
El gobierno alegó que no podía realizar la transferencia debido al cierre federal y llegó a anunciar que no habría pagos en noviembre.
Pero la justicia intervino y ordenó al Ejecutivo utilizar fondos de emergencia, alrededor de 4.600 millones de dólares, para pagar la prestación. Aun así, la Casa Blanca apeló para intentar revocar la decisión.
En respuesta a la decisión judicial, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas el jueves que el veredicto es “una decisión absurda”. Afirmó que un juez federal no puede decirle al Gobierno qué hacer durante un cierre provocado por los demócratas.
Trump advierte: El objetivo republicano es la reapertura del Gobierno. El presidente estadounidense también declaró que no actuará bajo las órdenes de un tribunal, sino de acuerdo con lo que considere necesario para mantener la administración federal funcionando dentro de la ley.
Este cierre es diferente a los anteriores porque el impasse va más allá del presupuesto. Representa una guerra política entre el Congreso y el presidente Donald Trump.
Los demócratas están siendo presionados por su propia base para que se enfrenten al Gobierno con más firmeza, tras meses de críticas por ceder a los acuerdos con los republicanos. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, fue duramente criticado a principios de año por apoyar una propuesta republicana que evitó un cierre anterior. Ahora, ha decidido endurecer el tono.
El partido exige la renovación de los subsidios de salud vitales para familias de bajos ingresos. Los demócratas argumentan que estos beneficios están a punto de expirar. Los republicanos, por su parte, afirman que el tema solo podrá discutirse después de la reapertura del gobierno.
Además, los demócratas quieren frenar el poder de Trump para utilizar decretos ejecutivos para decidir el destino de los fondos federales. El presidente ha utilizado estas medidas, que no pasan por el Congreso, para recortar fondos en áreas como la ayuda internacional y los programas sociales.
Por lo tanto, sin luz al final del túnel. El impasse total ya no es solo sobre el dinero, sino sobre la batalla por el control político en Washington.
Tras algunos indicios de avance, las negociaciones fracasan en el Senado. Los dos partidos llegaron a discutir un acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno, pero el jueves por la noche los demócratas vetaron la votación que los republicanos tenían previsto celebrar el viernes.
El motivo es el mismo. El Partido Demócrata exige garantías firmes de que el Congreso abordará la cuestión de las subvenciones sanitarias cruciales, que benefician a millones de estadounidenses. Sin esa promesa, afirman, no apoyarán la propuesta republicana.
Los líderes del Partido Republicano dijeron que habían incluido parte de las demandas demócratas en la nueva propuesta, pero sin resolver inmediatamente el tema del seguro médico.
