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Por André Rodríguez y Andrés del Río
El 11 de septiembre de 2025 se convirtió en una fecha impactante en Brasil. Por primera vez militares y civiles fueron sentenciados por el Supremo Tribunal Federal por complot golpista y supresión del estado de derecho, entre otras cosas. La magistrada Cármen Lúcia emitió el veredicto clave que conformó la mayoría para la condena de varios altos mandos militares, incluidos el teniente coronel Mauro Cid y el expresidente Jair Messias Bolsonaro, cerebro del complot. Este voto fue crucial para entender la evidencia del crimen organizado, una noción compartida por en total por 4 de los 5 ministros.
Los acusados basaron sus defensas en dos argumentos principales: la ausencia de los acusados en el asalto a las sedes de los poderes del Estado del 8 de enero de 2023 y la afirmación de que las evidencias eran meras especulaciones. Sin embargo, los ministros desestimaron estas defensas, enfatizando que los movimientos golpistas fueron adoptados públicamente por los acusados a través de actos en la calle, redes sociales y reuniones ministeriales. La evidencia documentada a través de imágenes, grabaciones y otros documentos fue irrefutable lo que dejó clara su responsabilidad en la intentona golpista.
Pero la amenaza golpista persiste, más allá de lo que se recopiló en las investigaciones y se añadió al proceso judicial que condenó a los acusados en la Acción Penal 2668. A punto de comenzar el juicio y ante la inminencia de la condena de Bolsonaro, su hijo Eduardo, diputado federal, decidió instalarse en Estados Unidos (sin renunciar a su mandato y, por tanto, cobrando de las arcas públicas) para articular una estrategia golpista global patrocinada por el gobierno de Trump.
A partir de los llamamientos de Eduardo Bolsonaro, el presidente estadounidense decidió aplicar la Ley Magnitsky contra el ministro Alexandre de Moraes (y su esposa) y aplicar un exorbitante tarifazo del 50% a las exportaciones brasileñas a su país. Se trata de intentos, no solo de chantaje contra el relator de la Acción Penal, sino también de desequilibrio económico de Brasil. A raíz de estas acciones, la portavoz de la Casa Blanca declaró que Trump no descarta la intervención militar directa para intervenir en países que entren en colisión con Estados Unidos, en una referencia explícita a los conflictos con Brasil.
El golpismo interno, liderado por el bolsonarismo en el Congreso Nacional, puso en marcha, tras repetidas amenazas, un nuevo embate golpista. La Cámara de Diputados aprobó el 17 de septiembre la Propuesta de Enmienda a la Constitución, conocida como la PEC del Blindaje. Esta establece que solo el Congreso puede deliberar, en votación secreta, sobre el enjuiciamiento penal de parlamentarios y presidentes de partidos con representación en las cámaras legislativas. En la práctica, se trata de una propuesta que blindaje judicial para Bolsonaro y su banda, oficializando que las organizaciones criminales puedan constituir mandatos legislativos en busca de impunidad absoluta. La Cámara también aprobó la urgencia del proyecto de ley de amnistía que busca exculpar los delitos de Bolsonaro y su horda golpista y, de paso, a otros delincuentes en Brasil.
Estos actos de golpismo continuado también podrán no reconocer la derrota o crear una atmósfera que exagera el alcance de sus fuerzas como forma de movilizar a sus seguidores. Hay una fuerte tendencia al comportamiento sectario en las formas de pensar y actuar de los bolsonaristas. Así como el pastor Malafaia le decía a un tambaleante Bolsonaro en un audio de WhatsApp que tenía «el cuchillo y el queso en la mano», la ultraderecha extremista se alimenta de una realidad distorsionada. Siempre sube la apuesta. Cuanto más cerca está de la derrota, mayores son sus delirios triunfalistas.
Las imágenes que muestran a los parlamentarios de derecha celebrando la aprobación de la PEC del Blindaje y la urgencia del proyecto de ley de amnistía en la Cámara de Diputados describen un estado de euforia colectiva. Sin embargo, se trata de personas que están inmersos en negocios de poder, donde lo institucional y lo criminal se fusionan. Personas que militan por un régimen autoritario como instancia normalizadora de los abusos y la violencia que constituyen las propias líneas de sus vidas y sus carreras.
Sin embargo, golpistas enfrentarán la justicia y la red será desmantelada. La derecha autoritaria tiene la costumbre de generar caos para desviar la atención pública de sus fracasos y delitos. Pero es complicado que estas propuestas lleguen a concretarse. Recordemos que las aprobaciones de la Cámara de Diputados están pendientes de la validación del Senado, donde ya varios han señalado un posible rechazo.
Pero antes de que el Senado decidiera el destino de estos proyectos, las calles estallaron. El domingo 21 de septiembre, día de la primavera, las calles de todo Brasil florecieron, llenándose de voces que demandaban la protección de la democracia. Las marchas masivas expresaron su repudio a la amnistía y al blindaje. Días después, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal rechazó de manera unánime la PEC del blindaje, sepultando así la impunidad y los privilegios. En cuanto al proyecto de amnistía, este enfrenta una fuerte oposición en el Congreso Nacional.
El cambio en el panorama político, tras las enormes manifestaciones populares en contra de estas propuestas, ha llevado a varios partidos a partidos se desmarcan del debate, optando por la cautela. Sin embargo, la conspiración interna persiste, ya que intenta condicionar la aprobación del proyecto de amnistía al proyecto de la exención del Impuesto sobre la Renta, una promesa de campaña del presidente Lula.
En este camino repleto de desafíos, el compromiso con la férrea defensa democrática de los movimientos sociales, los estudiantes, las universidades y los trabajadores rurales y urbanos, es crucial para frenar la sed golpista. ¡Mantengámonos alerta y vigilantes!
André Rodríguez es doctor en ciencia política por el IESP-UERJ, Rio de Janeiro. Profesor de ciencia política de la Universidad Federal Fluminense. Coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Política y Violencia – LEPOV/UFF
Andrés del Río es doctor en ciencia política por el IESP-UERJ, Rio de Janeiro. Profesor de ciencia política de la Universidad Federal Fluminense. Coordinador del Núcleo de Estudios sobre Estado, Instituciones y Políticas Públicas, NEEIPP
