El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, lanzó la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002, que por primera vez pone un candado preventivo al registro de nuevos contratos de alquileres y arrendamientos en el Estado, asegurando que cada local cumpla con los metros, diseño y accesibilidad real antes de soltar un peso del presupuesto público.
Espinosa Pérez detalló que esta medida es parte del Plan de Transformación de la Contraloría, buscando fiscalizar de cerca el uso del dinero de todos los dominicanos, especialmente a través de la supervisión directa de obras, bienes y servicios que recibe el gobierno nacional.
“Esto es un paso histórico para blindar la transparencia y el manejo honesto de los fondos públicos, al garantizar que el Estado solo asuma pagos por inmuebles que realmente cumplan con las condiciones técnicas y contractuales pactadas”, afirmó con contundencia el contralor.
La resolución entrará con fuerza a partir del primero de marzo de 2026. Desde esa fecha, todo contrato de alquiler deberá pasar obligatoriamente por la lupa de una inspección técnica de la Contraloría antes de registrarse en el sistema TRE Contratos. Un equipo de expertos validará que el edificio coincida con lo estipulado, evitando irregularidades en las obligaciones financieras del país.
El funcionario aclaró que las instituciones públicas deberán pedir formalmente al Contralor la asignación de peritos para inspeccionar el local antes de subir cualquier trámite al sistema. Esta solicitud debe ser enviada por la máxima autoridad de la entidad y llevar anexa una copia del contrato firmado entre las partes.
Una vez que los peritos confirmen que todo está en orden mediante un informe técnico, la Contraloría notificará a la institución para que proceda con el registro legal en el Sistema TRE Contratos, junto con los demás requisitos de ley exigidos en la República Dominicana.
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Espinosa Pérez advirtió que, para los alquileres que ya están vigentes a la fecha, la Contraloría General de la República se reserva el poder de inspeccionarlos de sorpresa en cualquier momento para verificar que no existan fallos o incumplimientos.
Esta orden es de cumplimiento obligatorio para todos los ministros, directores generales, titulares de instituciones autónomas, organismos de la Seguridad Social y todas las empresas públicas del Estado dominicano.
