Un revelador informe del PNUD sobre el Poder Judicial en República Dominicana destaca avances históricos en la modernización y eficiencia de los tribunales, aunque alerta sobre brechas críticas que afectan el acceso de la ciudadanía a una justicia ágil y oportuna en todo el territorio nacional.
El documento titulado Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano, presentado durante la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, utiliza datos oficiales para evaluar el impacto real de las reformas judiciales recientes y su conexión con el bienestar social de los dominicanos.
El reporte destaca una capacidad resolutiva que supera el 80 por ciento a nivel nacional, marcando un hito en la gestión judicial. Sin embargo, persisten desigualdades territoriales preocupantes: mientras el Distrito Nacional alcanza una tasa de resolución del 92.3 por ciento, provincias como Montecristi se sitúan en un 76.1 por ciento, evidenciando la necesidad de fortalecer la infraestructura judicial fuera de los grandes centros urbanos.
DESAFÍOS Y TRABAS PARA EL CIUDADANO
El estudio revela una realidad compleja para el usuario común: un 36.3 por ciento de las personas reportó haber enfrentado obstáculos significativos, siendo las demoras procesales, los altos costos legales y la falta de información los principales frenos. Además, un dato alarmante es que 7 de cada 10 consultados desconoce los servicios digitales que ya ofrece el Poder Judicial, limitando la utilidad de la transformación tecnológica.
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El análisis subraya que el acceso a la justicia depende de la proximidad y la transparencia, señalando que la falta de conocimiento sobre los derechos básicos sigue siendo una barrera fundamental para los dominicanos.
El informe pone el foco en la escasez de recursos, destacando que entre 2021 y 2025 la cantidad de jueces por cada 100 mil habitantes bajó de 7.4 a 6.6, y el presupuesto asignado al Poder Judicial cayó de un 1.05 por ciento a un 0.87 por ciento del presupuesto nacional, lo cual limita la capacidad de respuesta del sistema ante la demanda ciudadana.
Expertos coinciden en que robustecer el presupuesto judicial es una inversión estratégica indispensable para garantizar una justicia predecible y cercana, un pilar fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.
