Tras 180 días de espera, la *esperada* Ley de Contrataciones Públicas ¡ENTRA EN VIGENCIA! este miércoles 28 de enero, *enterrando* la antigua normativa de Compras y Contrataciones del 2006.
La *poderosa* normativa 47-25, con 248 artículos frente a los apenas 80 de la ley 340-06, fue un foco clave en el Congreso Nacional desde 2021. Su misión: ¡*revolucionar* las compras del Estado y garantizar un control *estricto* de los *fondos públicos*!
La *histórica* promulgación, liderada por el presidente Luis Abinader y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, fue celebrada desde la sede institucional el 28 de julio de 2025.
La ley promete *controles sin precedentes* y *sanciones implacables*, buscando procesos *totalmente transparentes*, *confiables* e *inclusivos* para una gestión *ejemplar* de los servicios del Estado.
¡ATENCIÓN! Su cambio más *radical*: pena de hasta CINCO AÑOS DE PRISIÓN para funcionarios y legisladores que *negocien sucio* con el Estado. También aplica a empresarios y contratistas que *se atrevan a corromper* procesos, con multas *millonarias* (hasta 50 salarios públicos), como detalla su artículo 234.
Además, impone sanciones *severas* a servidores o funcionarios públicos que incurran en falsedad de declaraciones juradas, busquen beneficios propios ilícitos y acuerdos prohibidos en las contrataciones.
La reforma histórica amplía *drásticamente* su alcance institucional: ahora el régimen de compras públicas incorpora al Poder Judicial, el Poder Legislativo, órganos constitucionales y autónomos, fideicomisos públicos, empresas estatales con participación pública y cualquier corporación de derecho público que maneje *nuestros fondos*.
¡Llega la ERA DIGITAL a las Compras Públicas!
La Dirección General de Contrataciones Públicas operará y gestionará una plataforma tecnológica de vanguardia: la Tienda Virtual. Esta dispondrá de *todos los productos y servicios* que las instituciones necesiten, y salirse de ella requerirá autorización *estricta*.
El Sistema Electrónico de Compras Públicas se convierte en la herramienta *MANDATORIA* para la implementación, gestión, monitoreo y control de cada procedimiento de contratación pública, *desde el inicio hasta el último pago*.























