Tan pronto como el mismo miércoles 29 de octubre, cuando aún la furia de Melissa no había revelado todo su efecto devastador, mediante comunicación CNE-0040-2025, la Comisión Nacional de Emergencia recomendó al presidente de la república la declaratoria de Desastre Nacional, prevista en el artículo 23 de la ley 147-02; y, con ello, la activación de los mecanismos y “competencias que legalmente les correspondan, y, en particular, las previstas en las normas del régimen especial que se determinen”.
Sin importar la decisión tomada, la situación constituye para el Gobierno un dilema sin solución clásico, una situación de perder-perder. Un escenario en el cual, aún con intenciones de hacerlo bien, el resultado –a priori– será siempre cuestionable; de tal suerte que, la única opción para quedar bien librado,es que los resultados de la decisión generen un saldo favorable en ejecutorias, impacto ciudadano y percepción favorable.
Es innegable el desastre generado por Melissa en las provincias señaladas en el decreto 226-25. Imágenes y videos evidencian el alcance, extensión, profundidad e impacto de los daños, no sólo a nivel de infraestructuras viales y servicios públicos; también la agricultura, en una pluralidad de cultivos y regiones; y, ni hablar de los miles que sufrieron la pérdida de sus enseres esenciales, etc.
Dicho eso, toca decir que es obligación del Gobierno acudir en la ayuda de los damnificados dominicanos, y que es mandatorio activar programas de ayuda urgente a los productores agrícolas afectados, no sólo para evitar que quiebren, sino para reestablecer en el menor tiempo su capacidad productiva y garantizar la soberanía alimentaria nacional. Asimismo, corresponde desplegar ayudas desde el Plan Social, comedores económicos, salud, vivienda, obras públicas, reparación de calles, caminos vecinales y accesos; compra de insumos agrícolas, médicos, etc.
El problema es la coincidencia de los malos tiempos políticos, el desacelere económico (comprobado) y la percepción de la ineficiencia del Gobierno en el gasto; y no sabe, porque carece de personal calificado para las contrataciones públicas, para poder agotar exitosa y rápidamente los procesos de compras. La baja ejecución pública se explica también por una poca capacidad en la gestión de compras públicas.
Ante eso, la declaratoria de desastre cae como anillo al dedo al Gobierno, de cara a agilizar compras y contrataciones masivas y acelerar la economía en el último bimestre, y así, poner a correr el dinero.
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La decisión del Gobierno es la correcta y sus resultados beneficiarán a quienes necesitan ayuda, y la necesitan ya; pero, siempre quedará el cuestionamiento político de la necesidad de la declaratoria (en todos los gobiernos, la oposición de turno siempre apela al mismo argumento).
Así que lo toca para salvar la cara, es garantizar los máximos niveles de transparencia y visibilidad en los procesos que se harán al amparo del decreto 627-25 y pisar el acelerador… hasta el fondo.
