El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití ha trazado una hoja de ruta técnica para devolver la tan soñada institucionalidad a ese país, un plan que choca frontalmente con una realidad operativa que podría conducir a una crisis inminente.
No hay que ser necesariamente un experto en cuestiones haitianas para entender el destino incierto que redibuja el panorama de crisis eterna en ese país, porque hay factores poderosos que apuntan a un fracaso potencial que dejaría a Haití atrapado en un nuevo callejón sin salida.
Precisamente, como ha documentado Listín Diario a lo largo de esta crisis, la clave para entender el destino de este plan está en la desconexión entre el calendario técnico del CEP y la realidad operativa sobre el terreno.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) ha fijado las elecciones legislativas y presidenciales para el 30 de agosto de 2026 (primera vuelta) y el 6 de diciembre de 2026 (segunda vuelta).
Las elecciones para autoridades locales y regionales se llevarán a cabo junto con la segunda vuelta en diciembre, previéndose contar con líderes electos para el 20 de enero de 2027.
Pero, ojo, el CEP lanzó una advertencia clave: Ha condicionado el cumplimiento de este calendario a varios requisitos previos. Entre los más destacados se encuentran: El restablecimiento de un entorno de seguridad aceptable (que no existe en lo más mínimo por el momento) y la disponibilidad de los recursos financieros necesarios. Con esto de base, este Consejo se propone distribuir material sensible, tales como boletas, urnas y actas, del 12 al 28 de agosto de 2026.
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Todo bien hasta ahí, pero ese ente electoral parece no haber tomado en cuenta la existencia de un obstáculo insalvable: los departamentos Oeste y Artibonite son, de facto, territorios ocupados por pandillas. En el caso que ocupa a este análisis, estos departamentos son absolutamente cruciales para fines electorales.
Aquí está la explicación: El Departamento Oeste, que incluye la capital, Puerto Príncipe, es el más importante y poblado del país, y aporta la mayor cantidad de votos a escala nacional.
Mientras, el Departamento de Artibonite es una de las regiones más pobladas, principal zona agrícola y foco de intensa actividad política. No estamos hablando de zonas rurales aisladas, sino del corazón demográfico y económico del país. Si, como se estima, el 60% del electorado haitiano vive bajo un régimen de terror, cualquier elección que excluya estas zonas carece de legitimidad matemática.
Pero, si se incluyen, surge la pregunta demoledora que anula el plan del Consejo: ¿Quién garantiza la seguridad de los ciudadanos electores?
Gran dilema logístico
La amenaza no se limita a las urnas, porque esta comienza en los almacenes. Para que las boletas y el material electoral lleguen a los centros de votación en el Oeste y Artibonite, el CEP y el Gobierno se enfrentan al dilema de negociar o combatir con las bandas.
La negociación se hace inevitable dado el control que ejercen las bandas sobre los corredores logísticos vitales del país.
Según múltiples reportes compilados de medios de comunicación haitianos, las pandillas controlan actualmente las arterias principales: la Route Nationale I (RN-1) y la Route Nationale 2 (RN-2).
También aquí, expliquemos su valor e influencia en la crisis. La RN-I es la columna vertebral que mira al Norte, conectando Puerto Príncipe con el norte del país (Cabo Haitiano y Juana Méndez, en la zona fronteriza).
Por su parte, la RN-2 es el eje vital que enlaza la capital con la península del Sur (hasta Los Cayos). Es el único corredor terrestre principal para el movimiento de ayuda humanitaria, bienes de consumo y personas, facilitando el comercio agrícola
