Antes de ser designado como el poderoso gerente financiero del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Gustavo Enrique Messina Cruz, de 35 años, su trayectoria incluye como técnico en estadística del Ministerio de Hacienda (2012-2016) y gerente del BanReservas 2016-2020.
Su rol clave en Senasa comenzó el 25 de agosto de 2020.
Según el Ministerio Público, era la persona que por las directrices de Santiago Hazim desde agosto 2020 a septiembre 2024, “ejerció un dominio total y personalizado sobre el controversial Bordereau (listado de todas las autorizaciones emitidas pendientes de pago)”.
Su labor en el escándalo de desfalco era “manipular la realidad financiera y esconder las millonarias pérdidas que se generaban en los montos reportados”.
Según el contundente expediente de coerción contra los 10 implicados en la red, Messina Cruz, con total discreción y sin base técnica, decidía sobre los montos que debían ser colocados en las autorizaciones pendientes de liquidación.
“La participación clave de Gustavo Enrique Messina Cruz en el fraude al sistema tuvo como finalidad ocultar el millonario desorden financiero, los desbalances y las distorsiones generadas por los delitos de corrupción y manejos turbios que se producían bajo la gestión de Santiago Marcelo Hazim Albainy”, establece el Ministerio Público al señalar que el exdirector de Senasa tenía un interés oculto y estratégico en esconder la crítica realidad económica, operativa y financiera de esa institución.
Dos testigos clave confirman la acusación del Ministerio Público, con sus testimonios: Rosanna Henríquez Ogando, encargada financiera y presupuestaria, y Yeimi Cristina Guerrero, excoordinadora de Contabilidad, al testificar que Gustavo Enrique Messina Cruz “ordenaba de forma directa (verbal y por mensajes vía Teams) que el Bordereau fuera manipulado a un monto específico por él, habitualmente por debajo de RD$6,000 millones de pesos”.
“Gustavo Enrique Messina Cruz, daba órdenes precisas y contundentes para alterar el bordereau (cuenta de autorizaciones pendientes de pago), ordenando a Guerrero que indicara a Rosanna Henríquez que modificara el bordereau por estar ‘excesivamente alto‘ y había que ‘reducir los montos’, mediante la subestimación de montos en hospitalizaciones pendientes”, dice la acusación.
La acusación formal incluye asociación para delinquir, coalición de funcionarios y prevaricación, fraude al Estado, desfalco millonario, falsificación y uso de documentos alterados.























