En la recta final de la audiencia preliminar del explosivo caso Calamar, la defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, desplegó hoy en el tribunal sus argumentos más agresivos para pulverizar la acusación del Ministerio Público sobre supuestos desfalcos millonarios en expropiaciones y pagos estatales.
El jurista Eduardo Núñez sentenció ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que el expediente carece de todo peso legal y que resulta físicamente imposible que Donald Guerrero haya ejecutado los delitos que le atribuye la fiscalía.
“Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos oficiales del Estado certifican una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda”, subrayó el abogado durante su contundente exposición ante el estrado.
En ese orden, exigió al tribunal la anulación fulminante de los informes de la cuestionada Unidad Antifraude de la Contraloría General, junto a sus 559 anexos que sirven de base al proceso.
Sostiene que estas pruebas fueron fabricadas al margen de la ley, creadas sin permitir el derecho a la defensa ni la contradicción de los imputados, lo que constituye una estocada al artículo 69 de la Constitución dominicana.
Afirmó que tales informes no son técnicos ni imparciales, sino un montaje deliberado para validar una narrativa fabricada que no encaja con la realidad, con el único fin de venderle a la opinión pública una historia falsa.
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El experto legal aclaró que entre 2021 y 2024 se orquestaron auditorías sobre Hacienda mediante una Unidad Antifraude que no tenía existencia legal en ese momento.
Dicha auditoría se ejecutó en la sombra, sin notificar a los investigados y violando el debido proceso administrativo, lo que vicia de origen todo el expediente judicial.
A juicio de la defensa, se trata de una trama ilegal utilizada por años para forzar decisiones judiciales, a sabiendas de que el órgano que firmaba los informes era un ente fantasma sin base jurídica.
Núñez reveló que fue apenas el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo intentó legalizar la Unidad Antifraude mediante el Decreto 382-25, años después de haber recolectado las supuestas pruebas de este proceso penal.
Asimismo, denunció que el Decreto 382-25 es inconstitucional por pretender vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos a través de una simple disposición ejecutiva.
Manifestó que la acusación del Ministerio Público se tambalea al basarse en pagos que son obligaciones legales reales del Estado y no irregularidades como se ha querido proyectar.
