La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia de 12 años de prisión contra Yokaira Julianny Sosa Asencio, conocida en el bajo mundo como «Yokairy» o «Irene», tras ser hallada culpable de integrar una peligrosa banda de «raptos exprés» que operaba en el sector María Auxiliadora, del Distrito Nacional.
El tribunal, encabezado por el magistrado Francisco Jerez Mena junto a los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, cerró el caso al rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada, el abogado Jean Cristofer Pérez Lebrón.
Esta condena, que ya había sido ratificada anteriormente por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se mantiene firme e inamovible.
Tras el fallo definitivo, Sosa Asencio deberá cumplir el resto de su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Higüey Mujeres, en la provincia de La Altagracia.
La alta corte ordenó remitir el expediente al juez de la Ejecución de la Pena para proceder con el cómputo oficial de los años tras las rejas.
Los motivos del fallo
En su dictamen, el máximo tribunal del país fulminó los argumentos de la defensa, que intentó alegar una supuesta vulneración de derechos fundamentales.
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La Suprema aclaró que, durante el juicio de fondo, el Ministerio Público presentó como evidencia pruebas digitales contenidas en memorias USB y discos compactos mediante estipulación, sin que los abogados de la imputada presentaran ninguna objeción en su momento.
«No se puede reclamar una afectación al derecho de defensa por actuaciones que fueron aceptadas y consentidas previamente», sentenció el tribunal, validando la legalidad de la condena impuesta.
El «modus operandi»: Trampas mortales por Tinder
Sosa Asencio era pieza clave en una estructura criminal que utilizaba la popular aplicación Tinder como gancho para atraer a sus víctimas.
La mujer utilizaba perfiles falsos para concertar citas con fines íntimos y, una vez las víctimas llegaban al lugar pactado, eran emboscadas por una banda de delincuentes que las sometía con extrema violencia.
El episodio que selló su destino judicial ocurrió el 7 de octubre de 2022, cuando dos hombres fueron citados bajo engaño a la calle Barbarín Mojica, en el sector María Auxiliadora.
Allí, Sosa Asencio, en complicidad con una mujer apodada «La July» (quien continúa prófuga de la justicia) y Enmanuel Antonio Almarante Medrano, ejecutaron el asalto.
Durante el violento atraco, los delincuentes encañonaron a las víctimas, provocando que el vehículo en el que se desplazaban perdiera el control y se volcara, dejando a uno de los ocupantes inconsciente. El grupo aprovechó el caos para despojarlos de celulares, dinero en efectivo, joyas de oro y otras pertenencias.
Otros condenados
Por este mismo expediente, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso, en mayo de 2024, una pena de 15 años de prisión a Enmanuel Antonio Almarante Medrano, identificado como el principal ejecutor de la violencia física y quien amenazaba a los ciudadanos utilizando armas de fuego ilegales.
