¡Bombazo! La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) acaba de ordenar un *sorpresivo* traslado: los siete implicados en el *escandaloso Caso Senasa*, condenados a 18 meses de prisión preventiva, irán directamente al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) *Las Parras*.
Roberto Santana, titular de la DGSPC, confirmó la decisión: los acusados Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, y Ada Ledesma Ubiera, *no irán a Najayo* (CCR-20), sino directamente a la *cárcel Las Parras*, en un giro inesperado.
La *contundente medida* fue confirmada por una resolución del Juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, apenas un día después de imponer la medida de coerción a los implicados.
El tribunal recibió una comunicación *clave* de los Servicios Penitenciarios, donde se explicaba que Najayo San Cristóbal (CCR-20), el centro previsto inicialmente, *no cumplía* con el espacio ni las condiciones de seguridad para la *integridad física* de los implicados.
¡Alarmante! Seguridad y Capacidad
En el *informe oficial* al tribunal, la DGSPC detalló *dos razones fundamentales* para el cambio, enfocadas en la *seguridad y la vida* de los internos: la crítica falta de espacio y los motivos de seguridad.
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Se argumenta que el CCR-20 Najayo, San Cristóbal, *simplemente no tiene capacidad* para este grupo de reclusos. Además, la *alta relevancia social del caso Senasa* podría generar *serios riesgos* a la integridad física de los internos en una población penitenciaria ya *sobrecargada*.
La DGSPC enfatizó que la Ley No. 113-21 y la Constitución (Art. 40.12), respaldadas por el Tribunal Constitucional, *otorgan plena facultad* a la autoridad penitenciaria para *decidir y ordenar traslados* por seguridad, siempre con una orden escrita y justificada.
«Este traslado es crucial para el funcionamiento eficiente de los Centros de Corrección y es una *potestad legal* esencial para cumplir con lo que la *sociedad y la justicia* esperan de la sanción penal», afirma la resolución.
Con esta decisión, los Servicios Penitenciarios y Correccionales *reafirman su compromiso* con las Reglas Mandela de la ONU, que exigen *garantizar la seguridad* de los internos en todo momento.
